Barra de Abogados pide aceptar ayuda internacional por “crisis de desapariciones”; “México no puede normalizar el dolor”, dice
A través de un comunicado, llamó a las autoridades mexicanas a colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos
La Barra Mexicana Colegio de Abogados exhortó al gobierno federal a aceptar la ayuda internacional para enfrentar la crisis de desapariciones forzadas, advirtió que el país no puede normalizar el dolor de miles de familias y sostuvo que la respuesta institucional no debe centrarse en la descalificación política de los señalamientos internacionales, sino en la colaboración con los procedimientos que deriven de estos.
A través de un comunicado, llamó a las autoridades mexicanas a colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos y atender las conclusiones del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que busca llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU.
Advirtió que la cooperación internacional no debe entenderse como injerencia, sino como una oportunidad para fortalecer la legalidad, la justicia y la confianza pública, frente a una crisis que exige resultados verificables en la localización de personas, identificación de restos y reparación integral a las víctimas.
Consideró indispensable que el Estado mexicano asuma las acciones que eventualmente emita la Asamblea General, particularmente en materia de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer la búsqueda de personas, el análisis forense y la investigación de desapariciones.
También subrayó la urgencia de establecer un mecanismo eficaz que permita esclarecer la verdad, así como brindar protección y acompañamiento a las familias, colectivos de búsqueda y organizaciones que participan en estas labores.
En ese sentido, la Barra exhortó a los Poderes de la Unión, autoridades federales y locales, fiscalías y comisiones de búsqueda a cumplir con las recomendaciones internacionales, entre ellas fortalecer los mecanismos de búsqueda en vida y forense, dotarlos de autonomía técnica y recursos suficientes, y garantizar una coordinación institucional efectiva.
Asimismo, planteó la necesidad de profesionalizar las investigaciones para agotar todas las líneas posibles, incluidas aquellas que contemplen la participación, tolerancia u omisión de agentes del Estado, así como consolidar registros nacionales confiables y transparentes.
El organismo también llamó a garantizar la protección integral de familiares, peritos y defensores de derechos humanos, así como a combatir la impunidad mediante procesos eficaces que permitan sancionar tanto a responsables materiales como intelectuales.
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