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Por proporcionar información falsa en licitaciones públicas realizadas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó —para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal—, a las empresas Ravisa Autos del Oriente, Gen Industrial y Escore Alimentos.
La dependencia, a través del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Economía, sancionó a la empresa Ravisa Autos del Oriente con una multa de 175 mil 367 pesos e inhabilitación de tres meses, ya que proporcionó información falsa en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, para la “Adquisición de camionetas pick up doble cabina, nuevas, transmisión 4x4, modelo 2025 o 2026”; contenida en una constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. La notificación de la sanción se realizó el 18 de diciembre de este año.
“Por otra parte, el OIC en la Secretaría de Salud impuso una multa de 157 mil 685 pesos e inhabilitación de tres meses a las empresas Gen Industrial y Escore Alimentos”, informó la dependencia en un comunicado oficial.
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En el primer caso, se debió a que proporcionó información falsa en la documentación que integró su propuesta con la que participó en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, para el “Servicio de Recolección de Residuos”. La notificación de la sanción se realizó el pasado 18 de diciembre de 2025.
Respecto a la segunda persona moral, esta proporcionó información falsa en la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, para la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”, contenida en una opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social. La notificación de la sanción se realizó el 19 de diciembre.
Las sanciones referidas aparecen hoy publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las empresas se encuentran inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
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“Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, dado el caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público”, indicó la secretaría.
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