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Washington
.- La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes analizar la política del presidente Donald Trump , bloqueada por un tribunal inferior, de excluir a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos del censo que se utilizará para asignar escaños en la Cámara de Representantes.
"Nunca en la historia de Estados Unidos se ha excluido a los inmigrantes del recuento de población que determina cómo se dividen los escaños de la Cámara y, por extensión, los votos del Colegio Electoral entre los estados", dijo un recuento federal de tres jueces en septiembre cuando declaró ilegal la política de Trump .
Los jueces aceleraron el caso, estableciendo argumentos para el 30 de noviembre. Se espera una decisión para fin de año o principios de enero, cuando Trump tenga que informar las cifras del censo a la Cámara.
La nominada de Trump al tribunal superior, Amy Coney Barrett, podría participar en el caso si, como parece probable, se confirma para entonces.
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El año pasado, la Corte, por 5 a 4 votos, prohibió a Trump agregar una línea del censo que preguntara a las personas sobre su ciudadanía. La jueza Ruth Bader Ginsburg, que murió el mes pasado, era parte de esa escasa mayoría. Barrett ocuparía el asiento de Ginsburg.
Trump le dejó al secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien supervisa la Oficina del Censo, averiguar cuántos inmigrantes no viven legalmente en cada estado.
El resultado del caso del censo podría afectar la distribución del poder político durante los próximos 10 años. El censo también ayuda a determinar la distribución de $1.5 billones en fondos federales anualmente.
La administración le dijo a la Corte que el presidente tiene "discreción para excluir a los extranjeros ilegales del reparto en función de su estado migratorio".
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representa una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes, dijo que la violación de Trump de la ley federal "no es particularmente cercana ni complicada".
La Corte Suprema permitió por separado a la administración terminar el conteo del censo real esta semana, bloqueando una orden judicial que habría mantenido el conteo hasta fin de mes.
El tribunal no tomó medidas sobre otras dos apelaciones de la administración de políticas controvertidas sobre solicitantes de asilo y el muro fronterizo que también fueron declaradas ilegales por tribunales inferiores.
Desde principios del año pasado, la administración ha hecho que los solicitantes de asilo esperen en México las audiencias en los tribunales estadounidenses, lo que ha obligado a decenas de miles de personas a regresar a México.
Conocida informalmente como "Permanecer en México", la política se convirtió en un pilar clave de la respuesta de la administración al aumento de familias solicitantes de asilo de Centroamérica en la frontera sur. También generó críticas por tener gente esperando en ciudades peligrosas.
La administración también está apelando un fallo de que la administración no puede gastar más de lo que el Congreso autorizó para la seguridad fronteriza. Después de que el Congreso se negó a darle a Trump todo el dinero que quería para el muro, declaró una emergencia nacional en la frontera y los funcionarios del Departamento de Defensa transfirieron miles de millones de dólares al proyecto.
Los tribunales inferiores se pusieron del lado de los estados y grupos ambientales que impugnaron la transferencia como una violación de la disposición de la Constitución que otorga al Congreso el poder de determinar el gasto. Una demanda separada de los miembros del Congreso también está llegando a la corte.
Los jueces bloquearon los fallos judiciales en los casos de solicitantes de asilo y del muro fronterizo, dejando las políticas en vigor. Los argumentos no se escucharían antes del próximo año y los problemas tendrían mucho menos importancia si Joe Biden se convirtiera en presidente. Podría rescindir la política de Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México , por ejemplo.
agv
