*Daniel Zovatto
Este domingo, Perú celebra sus elecciones generales —presidenciales y congresuales— en uno de los contextos más inciertos y volátiles de su historia reciente. No se trata de una contienda más: el proceso electoral peruano constituye una prueba de resistencia institucional para un sistema político profundamente erosionado, tensionado por años de inestabilidad, fragmentación y desafección ciudadana.
Más allá de sus fronteras, estos comicios se inscriben en una secuencia electoral de alto impacto en América del Sur en 2026 —junto a las elecciones de Colombia en mayo y Brasil en octubre— cuyos resultados podrían profundizar o matizar el actual giro regional hacia la derecha. Sin embargo, a diferencia de estos países, Perú enfrenta esta cita electoral en condiciones excepcionalmente inéditas, dentro de la cual destacan tres características.
Fragmentación, incertidumbre, inestabilidad
Extrema fragmentación. Con 35 candidatos presidenciales, 37 partidos políticos y más de 10.000 postulantes para los distintos cargos, el país enfrenta lo que la ONPE —el órgano encargado de organizar las elecciones—ha calificado como “las elecciones más complejas de su historia”. La magnitud del desafío es también logística: la boleta mide 42 centímetros de ancho y 40 centímetros de largo, tiene cinco columnas y permite el voto preferencial, todo lo cual suma confusión a la hora de votar. Cada columna representa una elección distinta. La primera para presidentes y vicepresidentes, la segunda y tercera para senadores (60), la cuarta para diputados (130) y la quinta para el parlamento andino (5). En total, 198 autoridades serán elegidas por más de 27 millones de peruanos que están habilitados para votar —el voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años—, con 1.2 millones que podrán hacerlo desde el extranjero.
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Alta incertidumbre. A pocos días de la elección, el escenario se mantenía completamente abierto. Las últimas encuestas publicadas el domingo 5 de abril —fecha límite establecida por la legislación electoral— situaban a Keiko Fujimori en primer lugar, seguida por Carlos Álvarez —cómico limeño— y Rafael López Aliaga —ex alcalde de Lima y empresario— en un empate técnico por el segundo puesto, los tres con niveles de apoyo relativamente bajos, en un rango de entre el 9% y el 15%; todos de Lima, de derecha y que prometen mano dura frente a la delincuencia. Detrás de ellos, un grupo compacto de cinco candidatos —Ricardo Belmont, Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Marisol Pérez Tello— se ubicaba con diferencias mínimas, entre el 4,5% y el 6%, reflejando un alto grado de dispersión del voto.
A una semana de los comicios, ningún aspirante tenía asegurado su paso a la segunda vuelta. Los sondeos diarios de carácter privado de los útimos días confirman un cuadro de alta volatilidad, márgenes extremadamente estrechos y una marcada incertidumbre. A ello se suma un nivel significativo de indecisión —cercano a un tercio del electorado— junto con un 8% que declaraba su intención de votar en blanco o anular su voto.
En este contexto, y en línea con lo observado en los comicios de 2021, Perú se encamina hacia una primera vuelta caracterizada por una fragmentación aún mayor, candidaturas débiles y apoyos limitados, con varios de los principales contendores —entre ellos Fujimori y López Aliaga— enfrentando niveles importantes de rechazo. Bajo estas condiciones, no puede descartarse un resultado sorpresivo, como ya ha ocurrido en las elecciones peruanas.
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Estás elecciones tienen lugar en medio de una grave y prolongada crisis política: ocho presidentes en menos de una década, cuando el calendario institucional habría previsto solo dos. Este ciclo de reemplazos anticipados es el resultado de un sistema político débilmente institucionalizado, donde presidentes sin mayoría parlamentaria enfrentan un Congreso fragmentado y con amplias facultades para destituirlos mediante la figura de la “vacancia por incapacidad moral”. El resultado ha sido una suerte de parlamentarización de facto de un sistema formalmente presidencialista, con efectos corrosivos sobre la gobernabilidad y la estabilidad política.
La débil identificación partidaria, la extendida desconfianza hacia las élites políticas y las persistentes brechas territoriales entre Lima y las regiones agravan la complejidad del escenario. Al mismo tiempo, los principales indicadores del sistema electoral muestran un deterioro sostenido. La participación evidencia signos claros de desafección: pese al voto obligatorio, ha descendido desde niveles superiores al 80% décadas atrás hasta alrededor del 70% en las dos últimas elecciones. En paralelo, el voto en blanco y nulo ha aumentado como expresión de protesta, la volatilidad electoral se ha intensificado y la nacionalización del voto se ha debilitado de forma consistente.
Por su parte, la proliferación de partidos no ha fortalecido la representación. Se trata de organizaciones extremadamente débiles y muy personalistas que, en muchos casos, operan más como estructuras diseñadas para reclutar candidaturas y disolverse de facto, una vez concluido el ciclo electoral. Estos frágiles partidos en lugar de ser actores centrales del juego democrático se han convertido en factores de la inestabilidad política y del progresivo deterioro institucional.
En este contexto, no sorprende que el país figure, según el informe de V-Dem 2026, entre los casos de autocratización más acelerada de América Latina, junto con Argentina y México. La caída en los indicadores de apoyo y satisfacción democrática es significativa y refleja un deterioro que va más allá de la coyuntura electoral. A este complejo cuadro se suma un factor particularmente corrosivo: la expansión del crimen organizado. La inseguridad se ha convertido en el principal eje de preocupación ciudadana y en un determinante clave del comportamiento electoral. La corrupción política ocupa un cercano segundo lugar.
Paradójicamente, y pese a este caos político, Perú ha logrado preservar una relativa estabilidad macroeconómica. Un banco central independiente —bajo la conducción de Julio Velarde durante las últimas dos décadas—, inflación controlada, una moneda estable y abundantes recursos mineros han apuntalado una economía resiliente, con tasas de crecimiento apreciables. Sin embargo, ese desempeño no se ha traducido en desarrollo inclusivo ni en empleo formal, y la dualidad inestabilidad política-resiliencia económica, conocida como teoría de las cuerdas separadas, muestra señales de agotamiento: la inseguridad ya afecta la inversión y el clima de negocios, mientras la incertidumbre política viene erosionando las bases de un crecimiento sostenido.
Conclusión
Perú acumula veinticinco años ininterrumpidos de continuidad democrática. Empero, este ciclo convive con un contraste inquietante: el país se encamina a elegir a su sexto presidente consecutivo —un hecho inédito en más de dos siglos de vida republicana— en un contexto de marcada fragilidad política.
De cara al 12 de abril, predominan las incógnitas sobre las certezas. Entre estas últimas, dos parecen firmes: habrá segunda vuelta presidencial el 7 de junio y el próximo presidente gobernará sin mayoría propia, obligado a construir acuerdos en un Congreso bicameral fragmentado. Pero lo decisivo permanece abierto: quiénes disputarán el balotaje, con qué respaldo parlamentario contará el futuro mandatario, cuántas fuerzas lograrán superar los umbrales de representación en ambas cámaras y, en última instancia, qué correlación de poder emergerá de un sistema político en plena recomposición.
En síntesis, lo que está en juego en estas elecciones trasciende la mera designación del próximo presidente y la composición del nuevo Parlamento. Está en cuestión si la democracia peruana conserva la capacidad de generar representación efectiva y garantizar la gobernabilidad. Si persiste el patrón de ejecutivos débiles frente a un Congreso fragmentado y dominante, es probable que estos comicios no resuelvan la crisis, sino que simplemente definan quién estará a cargo de gestionarla. Como bien apunta el politólogo Alberto Vergara, la nota distintiva de estas elecciones es la brecha que existe entre los problemas más graves en décadas con la peor oferta electoral también en décadas. Para decirlo en sus palabras: “se trata de un sistema de alternancia sin alternativas”.
Comentario final a modo de advertencia: Conviene tener presente que este domingo 12 no habrá resultados oficiales definitivos. Según la ONPE, hacia la medianoche se conocerá apenas alrededor del 60% de los votos, un umbral insuficiente para definir con claridad la contienda presidencial. En un escenario de máxima volatilidad y márgenes estrechos entre los principales aspirantes al balotaje, tampoco hay que descartar un periodo postelectoral tenso, marcado por impugnaciones y una eventual judicialización que podría prolongarse durante semanas. En este contexto, más que certezas inmediatas, lo que cabe es cautela: la combinación de fragmentación, volatilidad, incertidumbre, competitividad y debilidad institucional obliga a una lectura prudente de unas elecciones tan complejas como decisivas para el futuro político del Perú.
*@zovatto55,Directory editor de Radar LATAM 360
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