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Boston.- Un juez federal detuvo los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump de recopilar datos que demuestren que las instituciones de educación superior no tienen en cuenta la raza en las admisiones.
El fallo del juez del Tribunal Federal de Distrito F. Dennis Saylor IV en Boston, que concedió una orden judicial preliminar, se produce tras una demanda presentada a principios de este mes por una coalición de 17 fiscales generales estatales demócratas. Solo se aplicará a las universidades públicas de los estados demandantes.
El juez federal señaló que el gobierno federal probablemente tiene autoridad para recopilar los datos, pero que la exigencia se implementó en las universidades de una manera “apresurada y caótica”.
“El plazo de 120 días impuesto por el presidente condujo directamente al fracaso del NCES (Centro Nacional de Estadísticas de Educación) para interactuar de manera significativa con las instituciones durante el proceso de notificación y comentarios, a fin de abordar la multitud de problemas que plantean los nuevos requisitos”, escribió Saylor.
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Trump vs universidades por admisiones; acusa discriminación
Trump ordenó la recopilación de datos en agosto, tras expresar su preocupación de que colegios y universidades estuvieran usando declaraciones personales y otros indicadores para considerar la raza, lo que él considera discriminación ilegal.
En 2023, la Corte Suprema falló en contra del uso de la acción afirmativa en las admisiones, pero indicó que las universidades aún podían considerar cómo la raza ha moldeado la vida de los estudiantes si los solicitantes comparten esa información en sus ensayos de admisión.
Los estados sostienen que la recopilación de datos corre el riesgo de invadir la privacidad de los estudiantes y de derivar en investigaciones infundadas sobre colegios y universidades. También argumentaron que no se ha dado a las universidades el tiempo suficiente para reunir los datos.
“Los datos se han solicitado de una manera tan apresurada e irresponsable que creará problemas para las universidades”, declaró ante el tribunal la abogada de los demandantes, Michelle Pascucci, y añadió que el esfuerzo parecía estar dirigido a descubrir prácticas ilegales.
El Departamento de Educación ha defendido la iniciativa, al argumentar que los contribuyentes merecen transparencia sobre cómo se gasta el dinero en instituciones que reciben fondos federales.
La política de la administración refleja acuerdos de conciliación que el gobierno negoció con la Universidad Brown y la Universidad de Columbia, restableciendo sus fondos federales para investigación. Las universidades aceptaron entregar al gobierno datos sobre la raza, el promedio de calificaciones y los puntajes de exámenes estandarizados de los solicitantes, los estudiantes admitidos y los estudiantes matriculados. Las instituciones también aceptaron ser auditadas por el gobierno y publicar estadísticas de admisión.
El Centro Nacional de Estadísticas de Educación debe recopilar los nuevos datos, incluida la raza y el sexo de los solicitantes, los estudiantes admitidos y los estudiantes matriculados en las universidades. La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha dicho que los datos, que originalmente debían entregarse el 18 de marzo, deben desglosarse por raza y sexo y reportarse de manera retroactiva para los últimos siete años.
Si las universidades no presentan datos completos, precisos y a tiempo, el gobierno ha indicado que McMahon puede tomar medidas en virtud del Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965, que establece los requisitos para las universidades que reciben ayuda financiera federal para estudiantes.
En otros hechos, el gobierno de Trump también demandó a la Universidad de Harvard por datos similares, al afirmar que se negó a proporcionar los registros de admisión que exigió el Departamento de Justicia para garantizar que la institución dejara de usar la acción afirmativa.
Harvard ha dicho que la universidad ha respondido a las solicitudes del gobierno y que cumple con el fallo del máximo tribunal contra la acción afirmativa. El lunes, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación ordenó a Harvard cumplir con las solicitudes de datos en un plazo de 20 días, o de lo contrario enfrentará una remisión al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
mcc
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