El uso de drones armados por parte de organizaciones narcotraficantes y criminales se ha convertido en una de las amenazas más serias y difíciles de contener para la seguridad en América Latina.
Así lo advierte un informe publicado esta semana por el diario The Wall Street Journal, que documenta cómo estos dispositivos, baratos y fácilmente adaptables están transformando la capacidad de fuego de grupos ilegales en países como Colombia, México, Ecuador y Brasil.
El artículo se centra primordialmente en el caso de Colombia donde, dice el Journal, el fenómeno ha alcanzado niveles alarmantes.
Cita, por ejemplo, cómo pocos días antes de Navidad un enjambre de drones cargados con explosivos mató a siete soldados en una base militar en el noreste del país.
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Según datos oficiales aportados por el diario, desde abril de 2024 se han registrado cerca de 400 ataques con drones que han dejado al menos 58 miembros de la fuerza pública muertos y casi 300 heridos. Usando esas cifras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el pasado 29 de diciembre que “la ventaja que tenía el Ejército de Colombia y, en general, las Fuerzas Militares que era aérea, ahora se volvió al revés. La ventaja aérea la tiene el narcotráfico que puede comprar eso [los drones] en efectivo y por miles”.
“El impacto fue muy severo. La aparición súbita de una capacidad que, francamente, no estaba en nuestro radar”, dijo al diario estadounidense el mayor general Juan Carlos Correa, uno de los oficiales del ejército colombiano encargado de diseñar estrategias para contrarrestar estos ataques, y agregó que “todas las medidas que hemos empleado contra los drones no son suficientes”.
Aunque la atención internacional se ha concentrado en el uso intensivo de drones en la guerra entre Rusia y Ucrania, el Journal subraya que el desafío en América Latina puede ser incluso mayor.
Para Henry Ziemer, investigador del Center for Strategic and International Studies (CSIS), a diferencia de conflictos convencionales donde las fronteras están claramente demarcadas, en estos casos “no hay una línea de frente ni una frontera clara que defender”, lo que complica enormemente el diseño de sistemas de defensa eficaces frente a organizaciones criminales que están incrustadas en la sociedad.
Los drones, dice el medio, han fortalecido de manera significativa a estos grupos, haciéndolos más letales y difíciles de detener. La mayoría de los aparatos utilizados, según fuentes militares, son modelos comerciales de fabricación china que cuestan apenas unos cientos de dólares y que son modificados para transportar explosivos artesanales.
“Es muy barato para un grupo armado usar esta tecnología. Está disponible y es realmente fácil de ensamblar”, explicó César Jaramillo, ingeniero de drones de la estatal Industria Aeronáutica Colombiana.
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Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. En el oeste de México, el grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha empleado drones para lanzar explosivos y desplazar comunidades enteras.
En Brasil, la poderosa facción Comando Vermelho utilizó drones para atacar a la policía durante enfrentamientos en Río de Janeiro. En Ecuador, las autoridades alertan sobre el uso de drones para introducir armas, teléfonos y drogas en las cárceles desde donde operan los jefes del narcotráfico.
Aunque Colombia ha adoptado medidas para enfrentar esta amenaza, incluyendo el desarrollo de sistemas de interferencia electrónica y la creación de unidades antidrones, el propio Ejército admite que los esfuerzos no han sido suficientes. Los costos de los sistemas defensivos pueden superar los 100 mil dólares por unidad, mientras que los atacantes utilizan tecnología de bajo costo y fácil reposición.
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La preocupación también se extiende a las grandes ciudades. En Cali —sostiene el Journal— las autoridades temen que bandas criminales utilicen drones para lanzar explosivos contra estaciones de policía. De hecho, de acuerdo con el alcalde Alejando Eder, esta ciudad podría convertirse en el próximo gran objetivo. “Es cuestión de tiempo”, dijo.
El Journal advierte del “fracaso” de las políticas del presidente Gustavo Petro contra el narcotráfico y el crimen organizado. Según el medio, actualmente los principales grupos armados cuentan con 25 mil miembros, casi el doble de lo que tenían hace tres años. Ello, al amparo de las treguas militares declaradas por el gobierno que ofrecieron a estas agrupaciones el tiempo que necesitaban para reclutar nuevos combatientes y reforzar su arsenal. Y tanto las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) están recurriendo cada vez más a los drones en sus ataques.
Una región mal preparada
En junio de 2025, Ziemer ya publicó un artículo en el CSIS en el que advertía que América Latina “no está preparada para combatir los drones criminales”.
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Advertía que en México se habían registrado en 2024 unos 77 incidentes con drones, la mayoría de ellos (41) teniendo como blanco a civiles. En Colombia, dio cuenta de 34 incidentes, pero en este caso el blanco principal (20) fueron los militares.
En su artículo, Ziemer señaló que “los drones proporcionan a los grupos no estatales una importante ventaja asimétrica contra sus adversarios gubernamentales. Si bien las organizaciones criminales transnacionales (OCT) pueden construir bombarderos no tripulados rudimentarios utilizando drones comerciales y explosivos caseros, los ejércitos latinoamericanos siguen estando muy mal preparados para afrontar la amenaza de los pequeños sistemas aéreos no tripulados (UAS).
Esto, sin mencionar a las fuerzas policiales de la región, que están muy rezagadas en la adopción de contramedidas como la defensa aérea, la guerra electrónica y los inhibidores de la autoridad que utilizan las fuerzas armadas para negar su espacio aéreo a los drones”.
Ziemer calificó como “revelador” que el dirigente venezolano Nicolás Maduro “casi fuera asesinado por un par de drones cargados de explosivos en 2018”.
El autor destacó que frente a un escenario donde el crimen organizado recurre cada vez más a los drones, varios países como Colombia, Perú y México han comenzado a adquirir equipos antidrones para sus ejércitos. Sin embargo, consideró que “intentar superar a las OCT en su propio terreno es una solución imperfecta”.
Por ello, abogó por atacar más bien las cadenas de suministro; esto es, restringir el suministro de drones a los grupos criminales, que por ahora dependen de los drones disponibles comercialmente. También apostó por que Latinoamérica se acerque a los países que ya tienen experiencia con el uso de drones armados, como Ucrania, e invertir en capacitación.
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