Bruselas.— El uso de la fuerza por parte del Estado mexicano se ha convertido en uno de los antídotos empleados para combatir la delincuencia organizada en el país, poniendo fin a la política de seguridad de “abrazos y no balazos” instaurada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con datos de la organización Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).
“En 2025, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados aumentaron 26% con respecto a 2024, y se han mantenido a un ritmo elevado durante los dos primeros meses de 2026”, señala la principal fuente mundial de datos en tiempo real sobre conflictos y violencia política.
“Este repunte se debe, en parte, a la presión ejercida por la Administración Trump para frenar el tráfico de drogas y los flujos migratorios”.
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La operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación que condujo a la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, supone una escalada de la política de seguridad vigente. “Las medidas de seguridad adoptadas bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum han incluido un aumento de las operaciones de inteligencia, la extradición de cientos de delincuentes a Estados Unidos y enfrentamientos con grupos criminales”.
La información aparece en el más reciente reporte sobre los contextos más frágiles y afectados por crisis en América Latina, destacando entre los acontecimientos más relevantes el asesinato de El Mencho y la violencia que desencadenó su muerte.
La organización financiada por un programa patrocinado por la Unión Europea, Finlandia, Alemania, Holanda, la ONU y Estados Unidos, registró, como resultado de la muerte del líder del CJNG, ataques incendiarios, bloqueos carreteros y choques armados en 23 estados entre el 22 y 24 de febrero.
Los enfrentamientos entre las fuerzas estatales y presuntos miembros del CJNG provocaron la muerte de al menos 30 miembros de la organización delictiva y 28 miembros de las fuerzas de seguridad, así como la detención de 176 presuntos afiliados al cártel.
“El cártel lanzó acciones de represalia, incendiando tiendas e instalaciones bancarias, así como estableciendo bloqueos de carreteras utilizando vehículos incendiados. Los incidentes se concentraron en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, donde el cártel mantiene un control territorial consolidado”, detalla.
Señala que la extensión geográfica de los incidentes registrados, desde el bloqueo carretero en Leona Vicario, Quintana Roo, hasta el ataque incendiario en Maneadero, Baja California, ilustra el alcance territorial y la capacidad de coordinación del CJNG.
Para los expertos de la unidad para América Latina de ACLED, entre ellos Tiziano Breda y Sandra Pellegrini, la aniquilación de El Mencho suscita dudas sobre la posibilidad de que el cártel conserve su unidad.
“La respuesta inmediata del cártel sugirió unidad y cohesión. Sin embargo, a pesar de su estructura relativamente vertical, el CJNG también ha dependido de células criminales locales para expandirse.
“Esto aumenta el riesgo de una reconfiguración de los actores criminales a nivel local, especialmente en focos de conflicto en los que han participado múltiples actores, como Michoacán, donde el CJNG se ha aliado con Los Viagras contra los Cárteles Unidos”.
Prevé que una fragmentación desequilibre la balanza en el conflicto en curso en Sinaloa, en donde Los Chapitos, en alianza con el CJNG, enfrentan a los seguidores de El Mayo.
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