Urge reubicar 167 casas de 19-S: estudio

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Damnificados del sismo del 19 de septiembre que viven en 167 predios ubicados en siete colonias de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, deben ser reubicados de manera solidaria por el Gobierno de la Ciudad de México.

Así lo recomienda las investigadoras María Fernanda Campa Uranda y Juanita Ochoa Chi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), junto con Dalia Ortiz Zamora de la UNAM, quienes realizaron un estudio de suelo en 587 viviendas tras los temblores del año pasado.

En la Comisión de Derechos Humanos capitalina, las doctoras indicaron que en las colonias Unidad Habitacional Cananea, La Planta, El Molino, Del Mar, El Rosario, Barrio de San Lorenzo y Barrio de Guadalupe hay socavones y fallas geológicas que no se pueden reparar, por lo que las autoridades deben actuar para brindar una vivienda digna a los afectados.

Aunque no hay un censo oficial de las personas afectadas directamente, las especialistas indican que por cada uno de los 167 predios viven de cinco a 20 personas, lo que representa a un mínimo de 835 afectados y máximo de 3 mil 340.

“El mapa es preliminar, solamente pudimos recorrer siete colonias con nuestros recursos, los estudiantes y dos geógrafos; no es exhaustivo porque había mucha gente que no conocimos, pero 167 casas en un censo de 500 predios en donde viven de una a cinco familias, de cinco a 20 personas, no estamos hablando de poca gente”, dijo Dalia Ortiz Zamora, profesora de Geología de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

“Los científicos que conformamos este equipo apostamos a la construcción de nuevas políticas públicas que tengan como base las necesidades reales de las poblaciones protegiendo su vida, ante todo, como dicta el artículo tercero de los Derechos Humanos; para nosotros la reubicación solidaria no lo es todo, hay muchos problemas, pero sí es el primer paso que se debe dar”, abundó Ortiz.

Leticia Osorio, colaboradora del informe, argumentó que la población debería ser reubicada porque es una de las responsabilidades por parte del gobierno.

“Se ha dejado a la población en una situación de completo riesgo y abandono, es obligación del Estado proteger y salvaguardar, atender esta problemática”, aseveró.