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Toluca, Méx.— La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sancionó a 32 diputados de la fracción legislativa en el Congreso mexiquense y les retiró los derechos partidistas por seis meses, al considerar que viola los estatutos, principios y plataforma del partido con la aprobación del refrendo de la tenencia como parte del paquete fiscal 2019.

El coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, afirmó que impugnarán y que no se trata de un enfrentamiento con el partido, sino una mala interpretación de sus acciones que puede ser aclarada, pues deben mantener la unidad interna y seguir trabajando a favor de los mexiquenses. Sin embargo, adelantó que agotarán todas las instancias legales para salvaguardar los derechos políticos de los legisladores y analizan los mecanismos de defensa, que en este caso es recurrir a una última instancia, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues “no actuaron con dolo”, sino en apego a los principios que abandera el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.

Puntualizó que previo a la aprobación del dictamen que dio origen a la sanción, el subsidio al pago de Tenencia Vehicular llegaba a los propietarios de unidades con valor factura de hasta 350 mil pesos y, gracias al voto de los morenistas, actualmente la exención aplica a vehículos con valor a 400 mil pesos, por lo que más ciudadanos reciben el estímulo.

Al respecto, el diputado Faustino de la Cruz resaltó que los diputados aprobaron el refrendo de la tenencia “sin querer perjudicar a la gente”, sino para evitar un boquete financiero en los municipios, pese a la desconfianza que tienen en la forma como ejerce los recursos el gobierno estatal.

Explicó que todavía les queda otra instancia, que es el TEPJF, pero personalmente está inconforme con la sanción, puesto que no decidieron unilateralmente votar a favor de la propuesta de refrendo, sino que quitarlo implica un grave daño a la economía del estado y los municipios.

Durante su garantía de audiencia, los legisladores aceptaron el voto “razonado” a favor, argumentando que no se trataba de un impuesto nuevo sino el cumplimiento de un derecho.

La Comisión Nacional apuntó que dicha postura implica violaciones a la plataforma electoral de los candidatos a una diputación en el apartado de viabilidad financiera y austeridad.

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