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La empresa con razón social Sofin, Sociedad Financiera Internacional, S.A. de C.V., pudo estafar con más de 50 millones de pesos a sus múltiples víctimas.

Luego de que se diera a conocer su desmantelamiento, los afectados se siguen acercando a la procuraduría capitalina a interponer sus denuncias, las cuales se están anexando a ocho carpetas de investigación abiertas y que derivaron en el operativo realizado el martes por la tarde en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

En este sentido, se dio a conocer que la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la PGJ investiga también la procedencia del capital inicial del consorcio y con el cual lograron establecer una red nacional dedicada a la estafa.

La indagatoria revela que gracias al efectivo proporcionado por los principales socios mayoritarios formaron una inmobiliaria.

De momento se desconocen las identidades de los principales socios accionistas, lo que despierta más sospechas a la autoridad investigadora, ya que se ignora también el origen del dinero, pero no se descarta que sea de procedencia ilícita, incluso de la delincuencia organizada y que Sofin, Sociedad Financiera Internacional, S.A. de C.V., sea solamente una fachada para el lavado de dinero.

De igual manera trascendió que de los 32 detenidos el martes, sólo tres son investigados: el gerente de esa sucursal, una contadora y un subgerente.

El resto podrían quedar en libertad en las siguientes horas, pues solamente eran empleados encargados de contactar a los clientes que eran estafados.

En su defensa, los trabajadores dijeron desconocer que la empresa actuara de manera fraudulenta y que ellos sólo se dedicaban a laborar. Algunos eran cobradores, otros personal de sistemas y el resto se dedicaba al trabajo administrativo de Sofin, por lo que de momento no se ha comprobado que estén involucrados intencionalmente en los fraudes.

La inmobiliaria —con la misma razón social— también es investigada, pues aunque nadie ha denunciado, al menos 30 personas dieron un enganche y están a la espera de un patrimonio.

“Tenemos 500 mil pesos invertidos en una casa con ellos en Pachuca. Según nosotros todo parece legal, pero ahora con esa noticia no sabemos que hacer, ya nadie nos contesta en sus oficinas.

“Sabemos donde está la casa, pero estamos en la incertidumbre. Tenemos los documentos que nos dieron, recibos, contra recibos, ya dimos el dinero y no tenemos nada”, dijo Mario Esparza, quien contactó a EL UNIVERSAL luego de que se conociera la noticia.

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