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Los familiares de una adolescente víctima de acoso sexual interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, para que la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales , otorgue medidas de protección a la menor de edad, las cuales le fueron retiradas al considerar que la agresión sufrida no terminó en violación.
Consta en la queja, de la cual EL UNIVERSAL tiene copia, que dos servidoras públicas de la fiscalía capitalina, identificadas como Lucrecia Hernández agente del Ministerio Público y Silvia Linares Barrios, asesora jurídica del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), fueron las que modificaron las medidas cautelares proporcionadas a la menor, e incluso la revictimizaron.
Quedó asentado en el expediente CDHDF/IV/CUAUH/20/D/3545 que la asesora jurídica le dijo a la víctima que, para que el delito procediera a ella la tuvieron que haber violado. El padre de la menor de edad refirió que ambas servidoras, “se han negado a solicitar o dictar nuevas medidas de protección”.
Consta en la carpeta CI-FPJF/CJM-TLP/UI-3 S/D/00815/12-2019, que la víctima de 14 años de edad , fue acosada sexualmente y en reiteradas ocasiones por un sujeto afuera de la escuela primaria Congreso de Chilpancingo, en la alcaldía Venustiano Carranza, cuando acudía a recoger a su hermano .
A la menor de edad, la fiscalía capitalina le otorgó vigilancia o código águila por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para que patrullaran cada cierto tiempo afuera de su domicilio.
El acosador incluso le tomó fotografías a la menor, para poder seguirla en reiteradas ocasiones hasta su domicilio, motivos por lo que se otorgaron medidas de seguridad, que posteriormente se le arrebataron
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