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Toluca, Méx.— Hasta 330 denuncias diarias por maltrato animal, sobre todo contra perros, reciben al menos 12 organizaciones protectoras registradas en el Estado de México; en ningún caso las personas responsables del delito son sancionadas, aseguró la representante de Corazón Canino, Adriana Díaz.
En conferencia de prensa para anunciar una marcha contra el maltrato animal el 28 de febrero en Toluca, las activistas indicaron que desde la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem), encargada de atender las denuncias hasta la Fiscalía de Justicia estatal, las autoridades desestiman las solicitudes de auxilio, y lo atribuyen a que hay pocos expertos en el tema en dichas instancias.
Por lo anterior, coincidieron en que “urge” la creación de una Fiscalía Especializada encargada de atender los casos, pues “sabemos que este tipo de agresiones contra los animales son la antesala de conductas sicópatas o agresivas que podrían desencadenar en delitos contra las personas”.
Las representantes de Corazón Canino, Faby Ibarra; Guerreros Caninos, Lu Carrillo, entre otros, coincidieron en que de nada ha servido que en el Código Penal se encuentre estipulado el delito con penas de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 150 días de multa, contra quien cause lesiones dolosas, abandone o realice actos eróticos sexuales a un animal, ya que apenas dos casos en la entidad lograron judicializarse.
Adriana Díaz señaló que de los 125 ayuntamientos donde tienen presencia, únicamente nueve cuentan con centros de control animal, de los que uno — el de Toluca— implementó medidas eficaces para el control de la población canina en situación de calle.
Además, que la crueldad contra los animales creció en los últimos años, por ejemplo reciben más perros violados sexualmente, calcinados o lesionados al grado de dejarlos agusanar en vida con lesiones provocadas en patas o cuello.
Tere Roldán, representante de Guerreros Caninos, destacó que no hay Ministerios Públicos especializados y que el primer conflicto al que se enfrentan los denunciantes es que el personal de la fiscalía o la Propaem desestiman el delito, porque les cuestionan primero: “¿Qué entiende por maltrato animal?”
Agregó que en los albergues para perros que ellas manejan ya no caben más animales, pues tienen entre 50 y 80 canes cada uno, pero la manutención es responsabilidad de las organizaciones, que reciben poco apoyo.
Faby Ibarra indicó que por ejemplo, cada tratamiento de perros lesionados implica gastos veterinarios, que deben enfrentar las organizaciones, pero no el maltratador, a quien la autoridad sólo apercibe verbalmente, le entrega un número de folio de la queja y no vuelve a recibir molestias.
