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Lilia viajó temerosa desde San Pedro, en Nicolás Romero, hasta una clínica de la Ciudad de México para practicarse un aborto en condiciones sanitarias y médicas seguras, pues en su comunidad la alternativa era ir con una comadrona de la colonia El Tráfico, donde generalmente no hay agua potable. Como ella, más de 23 mil jóvenes del Estado de México han acudido en los últimos cuatro años a la CDMX en busca de atención médica ante un embarazo no deseado.
Con 17 años, Lilia sabe que no puede mantener un bebé y que lo que cobra como empleada en una cocina económica apenas alcanza para los gastos de la escuela, que ahora con la pandemia se concentran en el pago de internet y de la tableta que usa para estudiar la preparatoria.
“Me da miedo abortar y más con la matrona que me recomendaron, en un domicilio de El Tráfico, al que intenté llegar, pero cuando vi que el camino era de terracería y eran casas con techos de lámina y piso de tierra, sin servicio ni de agua potable, decidí ya no entrar”, relató la joven estudiante.
Por eso, “decidí ir a la Ciudad de México a una clínica de interrupción legal del embarazo”, que están supervisadas por el gobierno, “donde desde que entras hay un trato digno y no te hacen sentir como delincuente”, afirmó Lilia, quien reconoció que la carga moral pesa y “no dejo de pendejearme”, por confiar en que únicamente serviría el preservativo que utilizó su pareja.
Alrededor de 31.5% de los abortos practicados en la capital del país de 2016 a la fecha corresponden a mujeres del Estado de México, de acuerdo con la estadística de interrupción legal del embarazo de la CDMX, que presenta un registro de 23 mil 446 mexiquenses que han acudido a solicitar atención en los últimos cuatro años.
