La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que los tribunales de disciplina judicial, tienen la “misión crucial” de proteger a jueces y magistrados, de cualquier presión, ya sea económica, política o criminal, para que respondan exclusivamente a la nación y a la Constitución.
“No debe haber, ni impunidad detrás de la independencia, ni intromisión bajo el pretexto de disciplina. Ese equilibrio será una de las grandes responsabilidades de esta nueva institución”, dijo.
Al encabezar el Primer Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados de Disciplina Judicial, la mandataria capitalina resaltó que la elección del poder judicial mediante voto popular, es un parteaguas que define una nueva relación entre la justicia y la sociedad, por lo que afirmó que quienes integran este poder “surgido del voto ciudadano” reciben un mandato que debe honrarse mediante un ejercicio ejemplar de la función jurisdiccional.

“Necesitamos una justicia donde ningún interés económico pueda comprar una resolución; donde ninguna relación política pueda torcer una sentencia; donde el apellido o la influencia no pesen; donde la toga no sea símbolo de privilegio, sino de autoridad moral. Por eso, son cruciales los nuevos tribunales de disciplina judicial”, destacó.
Ante jueces y magistrados, Brugada Molina advirtió que por mucho tiempo, para millones de personas, la justicia significó procedimientos largos y costos elevados, por lo que “el gran desafío de este nuevo tiempo” será abrir las puertas de la justicia a la gente, para que una mujer que busca protección ante un caso violencia, al igual que una comunidad indígena puedan encontrar justicia.
“Que los humildes tengan exactamente los mismos derechos, de quien atesora una gran fortuna. Que frente a la ley no haya débiles ni poderosos. Que frente a la ley haya exclusivamente ciudadanas y ciudadanos, libres e iguales en dignidad y derechos”, señaló.
En el evento estuvieron presentes el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), ministro Hugo Aguilar Ortiz; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra; así como la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, y la consejera jurídica de la CDMX, Eréndira Cruzvillegas.
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