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La Mesa Directiva del Congreso capitalino aprobó, por consenso, turnar para su análisis a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, la iniciativa del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec (PPDU-LCH) , enviado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo .
Ello, debido a que la propuesta genera conflicto de competencia entre las leyes de Desarrollo Urbano –que no ha sido actualizada- y la de Planeación –recientemente aprobada-, por lo que los integrantes de dicha Comisión, deberán establecer bajo qué norma será analizada la iniciativa de la Ejecutivo local.
Una vez que resuelvan este conflicto legal, comentó la presidente de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández , “decidiremos la Comisión que deberá preparar el dictamen y, en consecuencia, presentarlo ante el Pleno para su aprobación”, comentó.
Explicó que la propuesta empezó a elaborarse en 2017 –aunque fue publicado hace 20 años-, pero llegó al Congreso local el pasado lunes.
"Esto genera una serie de problemas para su aplicación, dado que entraron en vigor nuevos ordenamientos y, además, existe una serie de artículos transitorios en la Ley de Desarrollo Urbano, que obligan a analizar más a fondo el tema”, destacó la también diputada local del PAN.
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Añadió, en entrevista con EL UNIVERSAL , que “por ello tenemos que resolver, primero, si la Comisión (de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda) establece la competencia de con cuál ley debe analizarse, de no hacerlo le pediremos a la jefa de Gobierno sustancie alguna de las etapas”, señaló.
Al emitir su opinión, el diputado local del PRI, Miguel Ángel Salazar Martínez , confirmó que existe una contradicción de normas, por lo que no debe ser la Mesa Directiva la que deba resolver.
Recordó que en la Ley de Planeación, recientemente aprobada, hay un artículo transitorio, que determina cuál será la alternativa para dictaminar las iniciativas en materia de desarrollo urbano, “por lo que el Congreso es competente para darle entrada al asunto y turnarlo a Comisión”, destacó.
Sin embargo, la diputada de Morena, Donají Olivera Reyes, expuso revisar si existe una contraposición entre leyes vigentes, por lo que propuso que la iniciativa debería ser turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.
“Una vez que esta Comisión establezca la ley en que deberá sustentarse la propuesta del Ejecutivo y que, obviamente el Pleno sea notificado, deberá ser turnado a la misma Comisión para su análisis y dictaminación”, señaló, lo cual fue aceptado por el resto de los integrantes de la Mesa Directiva.
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De acuerdo con la iniciativa, Sheinbaum Pardo estableció que el proceso de planeación, “es de toma de decisiones para el ordenamiento territorial y urbano que encuentra su fundamento en la necesidad y las voluntades social y política, para encontrar un modelo de territorio y ciudad sustentable”.
Por ello, planteó que debe existir una revisión y actualización constante, para responder adecuadamente a los retos que van presentándose. Sobre todo porque el PPDU-LCH tiene más de 20 años de haber sido publicado.
Argumentó que la revisión y actualización de este programa, “responde a la necesidad de adecuar instrumentos de planeación conforme a las dinámicas presentadas en la actualidad, así como su congruencia y compatibilidad con leyes, planes y programas en los tres niveles de gobierno”.
En el caso de los programas parciales de la Delegación -actualmente Alcaldía- Miguel Hidalgo, deben ser congruentes con lo que establecen diversas leyes.
Entre éstas citó las leyes General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) y de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, entre otras normas.
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Por ello, la jefa de Gobierno consideró que la actualización del PPDU-LCH, “es una oportunidad para actualizar los principios de planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, con base en la participación de los agentes sociales interesados”, asentó en el documento.
Explicó que dicho programa está basado en un proceso participativo, “tiene como principio rector el Derecho a la Ciudad, que consiste en garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centro de población el acceso a vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios públicos”.
Lo mismo que la participación en la toma de decisiones, reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales suscritos por México en la materia.
“El desarrollo urbano y el ordenamiento territorial debe ser, como lo establece el artículo 7 de la LGAHOTDU, una responsabilidad concurrente entre los tres órdenes de gobierno”, argumentó en sus motivos la Ejecutivo local.
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