CDMX remodela juzgados con inversión de 8 mdp

Con una inversión de 8 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo la remodelación en juzgados cívicos, que incluye la instalación del programa para el registro digital de infractores para seguimiento en tiempo real, expuso el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano.

“Estamos revisando, dentro de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, la simplificación del servicio público, el tema de la corrupción, que es uno de los que más le preocupa a [Claudia] Sheinbaum, a través de mecanismos, optimizando los de cobro electrónico de multas, la instalación de cámaras de circuito cerrado y de registros biométricos”.

Explicó que, a partir del 1 de abril, se conectarán a la Plataforma México el Registro Nacional de Detenciones que establece la Ley Nacional de Detenciones, mecanismo que permitirá identificar oportunamente a todos los detenidos y donde estará vinculada la fiscalía capitalina.

Con esta disposición, si un infractor es remitido a un juzgado cívico, se le registrará y, si es buscado por un delito, será identificado con la base de datos.

El titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, Alejandro Ojeda, indicó que el año pasado se realizó la contratación de 75 jueces y 75 secretarios para tener el personal adecuado y trabajar las 24 horas, aunque en pandemia sólo laboraron 40 de los 71 juzgados; además, se hicieron instalaciones con equipos de videovigilancia de circuitos cerrados para tener seguridad.

Sanciones

Durante 2020, en la Ciudad de México se reportaron en juzgados cívicos 478 quejas por ruidos, principalmente por fiestas, de las cuales 53% fueron sancionados o hubo una conciliación.

Según la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, las sanciones fueron multas de 11 a 40 Unidades de Medida (entre 985.82 a 3 mil 584.80 pesos), y arrestos de entre 13 a 24 horas o de 6 a 12 horas de trabajo comunitario.

La dependencia indicó que el año pasado fueron remitidas a los juzgados 94 mil 133 personas, 29%, por uso de espacio público sin autorización (comercio informal); 28%, por ingerir alcohol u otras sustancias, y 9%, por estorbar en la vía público.