Cuernavaca.— A cinco años del sismo del 19 de septiembre de 2017, que dejó 74 muertos y 31 mil 90 viviendas dañadas en Morelos, la administración del organismo desconcentrado Unidos por Morelos (UM) no aclaró la operación de más de mil 300 millones de pesos, según la auditoría especial financiera practicada por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso local.
La revisión señala que en la auditoría el organismo, creado en 2017 para atender la reconstrucción de casas dañadas por el temblor, no logró solventar la dirección, ejecución y operación de esos recursos.
La segunda revisión consideró el periodo del 1 de enero al 10 de julio de 2018, último año de gestión de Graco Ramírez (2012-2018) y en esa etapa el órgano desconcentrado administró 915 millones 492 mil 403.96 pesos y la fiscalización se concentró en los ingresos derivados del paquete económico y las adecuaciones y modificaciones presupuestales.
En ambos casos, la ESAF observó que los responsables del órgano desconcentrado no presentaron la información correspondiente al presupuesto de ingresos y egresos, la relación de las donaciones recibidas y del recurso recibido indicando su origen, y como “consecuencia de la falta de entrega de documentación, de la poca claridad de la información financiera proporcionada y de la inexistencia de estados financieros específicos, existe incertidumbre en la totalidad del recurso recibido por UM y que fue recepcionado por el banco”.
En ese tenor, la entidad de fiscalización determinó observar la cantidad de 410 millones 84 mil 439.62 pesos, ejercidos en 2017, y 915 millones 492 mil 403.96 pesos administrados en 2018.
Las observaciones
“No hay claridad en qué se ejercieron los recursos. Los operadores del órgano no lo pudieron comprobar”, afirmó América López Rodríguez, titular de ESAF.
En su opinión, hubo una mala organización en el fondo Unidos por Morelos porque la mayor parte de los recursos administrativos y financieros los manejaba la Secretaría de Gobierno, entonces presidida por Jorge Messeguer Guillén y luego los distribuía el coordinador administrativo y lo repartía el fondo Unidos por Morelos.
En el reporte de 2017, que considera del 3 de octubre al 31 de diciembre, se indica que Emmanuel Alexis Ayala Gutiérrez era coordinador operativo de Unidos por Morelos y Sergio Arturo Beltrán Toto, coordinador técnico, y para 2018 cambiaron de puesto.
Una vez que Beltrán y Ayala fueron enterados del informe de resultados tuvieron un plazo de 30 días hábiles para presentar información y realizar las consideraciones pertinentes. Ayala Gutiérrez, primo del legislador de Nueva Alianza, Agustín Alonso y su suplente en la diputación, no respondió ninguna de las observaciones, mientras que Beltrán Toto presentó un escrito con manifestaciones, pero sin documentos e información para solventarlas, informó la ESAF.
En el caso de la revisión al año 2018 fue el mismo procedimiento y nuevamente Ayala Gutiérrez, secretario particular del diputado Agustín Alonso, presidente de la Comisión de Hacienda, no presentó ninguna aclaración al pliego de observaciones, en tanto que Beltrán Toto presentó un escrito con manifestaciones, pero sin pruebas documentales, de acuerdo con la ESAF.
Justicia lenta
Con esos elementos de prueba, señala el presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción de Morelos, Arturo Pérez Flores, es lamentable que no exista ningún exfuncionario de la pasada administración estatal que enfrente un proceso penal serio y contundente.
Pérez cita que en 2019 se integraron tres carpetas de investigación por diversos delitos atribuibles a exfuncionarios del fondo Unidos por Morelos, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que aún no se judicializan. En una de esas denuncias se presumen desvíos por 34 millones pesos, aunque la cantidad podría triplicarse porque faltaban pruebas por revisar.
“Desde abril de 2021, captamos múltiples quejas de abusos y desvíos en que incurrieron exfuncionarios de la pasada administración estatal, principalmente en Jojutla, Tlaquiltenango y Axochiapan. Hemos integrado expedientes y remitido información a las autoridades, pero tenemos poca respuesta para sancionar a los presuntos responsables”, dijo.
América López Rodríguez, titular de la ESAF, afirmó que una vez que los resultados de la auditoría se publicaron, se abre un periodo de investigación por parte de la Dirección Jurídica de la ESAF sobre las observaciones y los montos que cuantifican los auditores para determinar el daño que se causó al erario.
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