Madrugan a oposición para contraer deuda

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Quince minutos antes de iniciar Sesión Extraordinaria, la presidencia del Congreso de Baja California citó a diputados para votar el dictamen 95, el cual fue aprobado por mayoría panista para endeudar al estado por casi 83 mil millones de pesos para la construcción de dos plantas desalinizadoras, una en San Quintín y otra en Playas de Rosarito.

Eran las ocho y media de la mañana cuando el diputado de Morena de Tijuana, Catalino Zavala, recibió la llamada telefónica de su asistente desde las oficinas de la Legislatura en la capital del estado. Le habían enviado un correo electrónico en el que les notificaban que a las ocho 45 de la mañana habría una sesión extraordinaria, sin explicar los motivos.

Zavala recordó que apenas cuatro horas antes había regresado a Tijuana, puesto que la tarde anterior se trasladó a Mexicali, a unas dos horas de distancia, a las oficinas del Congreso de Baja California, para participar en una sesión ordinaria en la que, dijo, les impusieron al nuevo presidente de la Legislatura, el panista Raúl Pomposo. “Eran las tres de la mañana cuando terminamos. Nos quedamos hasta esa hora hasta que el presidente clausuró la sesión, precisamente nos esperamos porque no queríamos albazos. Incluso, dijo que nos citaba a la próxima sesión el 7 de diciembre, pero no cumplió. Se esperó a que nos viniéramos a Tijuana y no pudiéramos regresar”, lamentó.

El diputado del Partido de Baja California (PBC), Jorge Eugenio Núñez, recibió el correo con la circular sobre la sesión extraordinaria que leyó a las ocho 40 de la mañana, es decir, cinco minutos antes de que iniciara el acto protocolario y la votación. Como pudo se trasladó al Congreso, llegó en plena votación, corrió hacia su puesto y alzó la mano para votar en contra, pero no se lo permitieron.

El diputado priísta, Alejandro Arregui, quien llegó en ropa deportiva al Congreso y alcanzó a votar en contra criticó el intempestivo llamado para votar el dictamen 95.

“Es un madruguete por quienes tienen la mayoría en el Congreso, pero no la mayoría de los ciudadanos de bien, por eso representa un robo arbitrario a la democracia y a la sociedad del estado”, afirmó.

Al final, la propuesta fue aprobada con la ausencia de los grupos parlamentarios de Morena, PBC y del PES. Esta iniciativa cuenta con las modificaciones al decreto del gobernador Francisco Vega de Lamadrid que había sido votado y descartado varias veces, por la presión social con manifestaciones y protestas.

El dictamen contempla 9 contratos bajo la figura de Asociación Público Privada, entre ellos dos desaladoras, para las cuales será necesario destinar cerca 83 mil millones de pesos a 37 años, según explicó el diputado pianista, Carlos Torres hace un par de meses.