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Cuernavaca.— Uriel Carmona pertenece a una familia de notarios y exmagistrados en Morelos, y en diciembre de 2020 fue puesto a prueba cuando la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de desafuero en su contra por incumplir con los exámenes de control de confianza al momento de su designación en el Congreso estatal.
El fiscal sorteó ese obstáculo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó su fuero y determinó que no podría ser removido de su cargo por la falta del examen de control de confianza. El 12 de julio pasado, la Corte ratificó el fuero constitucional e impidió que la FGR lo sometiera a proceso.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Uriel Carmona cuenta con la especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta por la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Su experiencia profesional contempla cargos como jefe del departamento de Control de Procesos de la FGE de Morelos, agente del Ministerio Público y secretario de Estudio y Cuenta del Juzgado Tercero de Distrito, así como titular de la notaría seis de la primera demarcación notarial en el estado.
Conforme al reglamento de la Ley Orgánica de la fiscalía estatal, en casos de ausencias temporales del fiscal general será suplido por el titular de la Fiscalía Regional Metropolitana, quien ya asumió el cargo.
Los únicos que alzaron la voz en contra de su aprehensión fueron el exgobernador Graco Ramírez y el Congreso de Morelos. El primero lo hizo en su Twitter y el segundo emitió un comunicado para acusar violación al Estado de derecho. También surgieron voces de organizaciones que piden procesar al fiscal por feminicidios no resueltos.
