El Grupo Legislativo del PAN en el Congreso de Veracruz separó de su bancada al legislador Rodrigo García Escalante , quien avaló una reforma electoral impulsada por Morena que contempla, entre otras cosas, limitar la consulta popular en contra del gobernador y reducir en 50% prerrogativas a partidos.

El coordinador de la bancada panista, Omar Guillermo Miranda Romero informó de manera oficial la baja de García Escalante de su grupo legislativo.

El documento fue enviado al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Rubén Ríos Uribe y al presidente de la Junta de Coordinación Política Juan Javier Gómez Cazarín.

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En la misiva expuso que “me permito comunicar a ustedes que el Diputado Rodrigo García Escalante ha sido excluido como integrante de este Grupo legislativo a partir de esta fecha”.

Solicitó realizar los registros correspondientes en cuanto a la integración, voto ponderado, espacios, efectos legales y administrativos y demás prerrogativas.

Previamente, la dirigencia Nacional y estatal del PRI , anunció el inicio de un proceso de expulsión en contra del diputado local, Antonio García Reyes , quien también avaló la reforma constitucional electoral propuesta por Morena que contempla.

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El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, confirmó que el legislador será sometido a proceso de expulsión inmediata por la Comisión de Justicia Partidaria.

Manifestó que ni la dirigencia nacional ni estatal respaldarán a quien se preste a apoyar una reforma amañada desde su origen.

La mayoría de diputados de Morena en el Congreso de Veracruz, aprobaron la mañana de ayer martes diversas reformas constitucionales en materia electoral, las cuales fueron calificadas por la oposición como antidemocráticas.

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Con votos 34 a favor, la aplanadora morenista avaló la reducción del financiamiento público de los partidos en Veracruz; limitó la consulta popular para la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos.

Además, redujeron el periodo constitucional de los alcaldes de 4 a 3 años y se permitió su reelección por un periodo consecutivo para presidentes municipales, regidores y síndicos.

asgs/grg

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