Desalojan a ejidatarios de “Potrero Chico”, en Hidalgo, Nuevo León

El lunes fueron notificados que deberían abandonar de manera pacífica, y voluntaria en un plazo de 24 horas, el predio de 5.93 hectáreas que reclaman al municipio, porque el fallo que los había favorecido en definitiva quedó inexistente ya que el alcalde Hernán Cortés Lozano obtuvo un amparo

Propietarios de las tierras fueron desalojados para restituir al ejido de N.L
Foto: especial
Estados 26/03/2019 20:36 David Carrizales / Corresponsal Actualizada 22:18
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Monterrey, NL- La tarde de este martes, titulares de derechos del ejido Hidalgo fueron desalojados del centro recreativo Potrero Chico, después de que el viernes les dio posesión de las instalaciones un actuario del Tribunal Unitario Agrario en ejecución de sentencia,  al ganar una demanda de restitución de tierras al municipio de Hidalgo, Nuevo León.

Sin embargo, el lunes fueron notificados que deberían abandonar de manera pacífica y voluntaria en un plazo de 24 horas, el predio de 5.93 hectáreas que reclaman al municipio, porque el fallo que los había favorecido en definitiva quedó inexistente ya que el alcalde Hernán Cortés Lozano obtuvo un amparo contra la resolución de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario, María de Lourdes Claudia Martínez Lastiri, cuya existencia desconocía al momento que dictó la sentencia.

La magistrada resolvió el 20 de marzo que la sentencia a favor del ejido había causado ejecutoria para todos los efectos de ley, “constituyendo desde este momento la verdad legal, revestida de la cosa juzgada”.

La gente del núcleo ejidal, muchos de ellos mayores de 70 años, se sentían contentos porque después de muchos años de lucha, habían logrado recuperar el centro recreativo “Potrero Chico”, que cuenta con albercas, palapas que se rentan para fiestas y reuniones, áreas para venta de cerveza y comidas, y controlar la entrada al cañón de Potrero Chico, donde atletas que practican los deportes extremos del montañismo acuden de diversos estados y otros países a rapelear en las paredes casi verticales.

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Según los ejidatarios, a los extranjeros se les cobran hasta 300 dólares por un mes y el municipio obtiene ingresos de dos a tres millones de pesos por semana por la explotación que hace del centro recreativo que pertenece a ellos y forma parte de las ocho mil 390 hectáreas con las que se dotó al ejido Hidalgo, en el municipio del mismo nombre en el estado de Nuevo León, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas.

Sanjuana Orozco,  a nombre de los titulares de derechos ejidales, recordó que al paso del tiempo mediante argucias legales y abuso de poder,  o por acciones de gobierno para dotar de vivienda o infraestructura a la población del municipio,  el ejido ha perdido cientos de hectáreas para usos diversos, entre ellos el turismo, por la belleza natural del cañón de Potrero Chico, ideal para practicar el rapelismo.

Además, sus tierras han sido invadidas para la construcción de quintas campestres entre otras instalaciones privadas, también han sufrido expropiaciones para construir un gasoducto, una escuela preparatoria, y hasta la Unión Ganadera tomó un terreno para establecer su sede municipal.

El año pasado, un magistrado del Tribunal Unitario Agrario ordenó al alcalde de Hidalgo, Francisco Ovalle, desalojar el centro recreativo Potrero Chico, para restituir dicha propiedad al ejido Hidalgo. El edil se amparó; pero los ejidatarios presentaron el recurso de revisión 359/2018/20, que el pasado 9 de febrero fue resuelto en su favor.

Una vez que el director general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, Wilebaldo Rodríguez Huesca, notificó mediante el oficio DGAJ/2266/2019,  que en dicha dirección no se encontraba pendiente de resolver demanda de amparo alguna  ni ningún otro medio de impugnación,  el  miércoles 20 de marzo el Tribunal Unitario Agrario acordó que la sentencia de primer grado pronunciada el 26 de febrero de 2018, “ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley, constituyendo desde este momento la verdad legal, revestida de la cosa juzgada, quedando las partes a estar y pasar por ella en todo tiempo, estancia y lugar”.

Asimismo, con la firma de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario,  María de Lourdes Claudia Martínez Lastiri,  se instruyó al actuario de la ejecución “para que ponga en posesión física, jurídica y material al núcleo ejidal”, nominado ejido Hidalgo, en el municipio de Hidalgo, Nuevo León. Y “se le autoriza a romper  toda clase de candados,  chapas, cerraduras, y todo obstáculo que  le impida el cumplimiento de esta orden judicial”.

Cumplida la sentencia en el sitio, el viernes 22 a partir de la una de la tarde, decenas de ejidatarios, principalmente personas de la tercera edad, se mantuvieron día y noche cuidando las instalaciones del recreativo Potrero Chico, para evitar ser desalojados por la policía, o personas afines al presidente municipal, que se mantenían presionándolos.
Pero el lunes, un actuario les entregó un instructivo donde se asentó que a las 14 horas del 22 de marzo, el Tribunal Unitario Agrario tuvo conocimiento, “que mediante acuerdo del 20 de marzo, el H. pleno del Tribunal Superior Agrario, tuvo por presentada la demanda de amparo directo que suscriben Hernán Cortés Lozano y Máximo Lozano Garza, presidente municipal y síndico segundo, respectivamente”, del municipio de Hidalgo.

Los funcionarios  municipales reclamaron la sentencia definitiva del siete de febrero de 2019, que confirmó la de fecha 26 de febrero de 2018, pronunciada por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 20, dentro del juicio agrario 716/2016, relativo a una acción de restitución de tierras, promovida por los ejidatarios.

En el amparo, se concedió a la autoridad municipal, la medida cautelar “para que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, en especial para que no se ejecute la sentencia de primera instancia  confirmada en revisión”, hasta en tanto la autoridad de amparo resuelva en definitiva.

En sólo cinco días los integrantes del ejido Hidalgo, pasaron de la restitución a la desposesión del terreno que reclaman; pero confían que en un periodo de tres meses, cuando se resuelva el amparo promovido por la autoridad municipal,  el centro recreativo Potrero Chico quedará definitivamente en sus manos para beneficio de ellos, sus familias y todos los habitantes de Hidalgo, no sólo de unos cuantos.

mcp

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