Debido a que la autoridad federal no ha ejercido su atribución de control sanitario con respecto a la población migrante , el gobierno de Tamaulipas presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional , de carácter urgente, por la que se solicita se dicten medidas cautelares para la protección de la salud de las y los tamaulipecos y de los migrantes que se encuentran en el estado, derivado de la emergencia sanitaria provocada por el virus covid-19.

Esto ocurre luego de que en diversas ocasiones el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha solicitado al Instituto Nacional de Migración (INM) y a a la Secretaría de Gobernación (Segob) que brinden atención a esta problemática, ante el reciente aumento de deportaciones de migrantes por parte de los Estados Unidos y el riesgo sanitario que representan los albergues como foco de contagios del por el hacinamiento en los mismos.

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Las reiteradas peticiones del gobierno estatal se refieren a julio del 2019, cuando el gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de Migración y el Estado de Tamaulipas, celebraron un convenio mediante el cual la Federación se obligó́ a establecer albergues de migrantes fuera de la entidad, así como a dar la atención y cuidado adecuado a esta población vulnerable , incluyendo su repatriación en el caso de deportaciones desde los Estados Unidos. Dicho convenio no ha sido cumplido en sus términos.

La controversia constitucional plantea que dicho convenio se ejecute a la brevedad, pero también que se ordene a la Federación a actuar de manera proporcional y razonable al riesgo que implican las precarias condiciones en las que se encuentran los migrantes en nuestro país.

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asgs

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