La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 17VG/2019 a autoridades de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes por violaciones graves a las garantías fundamentales.

El organismo detalló que tras analizar las pruebas del expediente de queja, la CNDH acreditó que personal de dicha dependencia incurrió en detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas.

Se trata de por lo menos nueve detenciones arbitrarias, así como daños a la integridad personal por tortura en 14 casos, afectación a la seguridad e integridad en dos, así como daños en integridad sexual por tortura y violencia sexual en tres, además de violación al derecho de acceso a la justicia en 19.

Detalló que de los 186 casos que la CNDH investigó, en diversas ocasiones la Policía Ministerial detuvo arbitrariamente a las víctimas y pretendió justificar su arresto.

En la mayoría de los casos las personas detenidas eran trasladadas a las instalaciones de la entonces procuraduría estatal, a un espacio con características de gimnasio, donde eran atadas de manos y pies, y sometidas a tortura y vejaciones.

El organismo explicó que las valoraciones médicas realizadas en diferentes hospitales y con base en opiniones médicas especializadas para casos de tortura acreditaron diversas afectaciones físicas y sicológicas en las víctimas.

Incluso, dicha situación llevó a una de las víctimas a intentar quitarse la vida, en tanto que los peritos médicos de la procuraduría emitían en sus dictámenes la presencia de dichas lesiones, pero sin precisar temporalidad y características de las mismas.

Señala además el caso de tres mujeres que fueron sometidas a tortura y violencia sexual para declararse culpables de delitos, e incluso, a una de ellas la obligaron a firmar una denuncia por violación para inculpar a un elemento policial.

Del total de casos denunciados, sólo 25 personas decidieron que continuara la investigación de los hechos (cinco mujeres y 20 hombres), aunque uno se desistió posteriormente.

La CNDH solicitó al fiscal de la entidad, Jesús Figueroa Ortega, se repare integralmente el daño a quienes resultaron afectados con base en la Ley General de Víctimas.

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