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El gobierno de Veracruz acusó formalmente a 19 ex funcionarios y ex jefes policiacos de la administración de Javier Duarte por la desaparición forzada de 15 personas, entre éstas dos mujeres y dos niños.

Se trata del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien actualmente se encuentra preso por los delitos de tráfico de influencia, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito —a los cuales se le sumaría desaparición forzada—; el ex director general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado, quien está preso por el homicidio de la ex pareja de su novia, y del comandante de la denominada Fuerza Especial, José López Cervantes, alias Comandante Black, igualmente encarcelado.

Además, en las últimas horas la fiscalía estatal, con apoyo de la Policía Federal (PF), capturó al ex director general de la Fuerza Civil,  Roberto González Meza, y a 15 agentes y ex agentes de Seguridad Pública estatal.

El ex subsecretario de Operaciones y ex secretario de Seguridad en los últimos meses de 2016, José Nabor Nava Holguín, fue declarado prófugo de la justicia y el gobierno estatal ofreció por su paradero una recompensa de un millón de pesos.

“Quiero expresarle a los familiares de las víctimas que mantenemos nuestro compromiso de esclarecer los lamentables casos de personas desaparecidas y que continuaremos en coordinación con las familias y distintos colectivos en la lucha por encontrarlas”, informó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

En conferencia de prensa, el mandatario reconoció que Veracruz vivió durante 12 años la más brutal corrupción y desapego a la ley, “gobiernos aliados con la delincuencia que nos trajeron la inseguridad, llegando al extremo de usar la Fuerza Pública para privar de la libertad y de la vida a seres humanos, entre ellos mujeres y niños”.

Casos pendientes. En los últimos cuatro años del gobierno de Javier Duarte, autoridades estatales y federales iniciaron la investigación de un total de 145 casos de “desapariciones forzadas”, es decir, donde presumiblemente están involucrados agentes policiacos de diversos órdenes de gobierno.

De acuerdo con documentos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Procuraduría General de la República (PGR), se trata de 87 casos del fuero común y 58 del federal, en los que se indaga la participación de oficiales del estado en la desaparición de personas.

Los documentos de la PGR indican que de 2014 a 2016 abrieron 58 averiguaciones previas por desapariciones forzadas.

En 2014 sumaron 38; para 2015 fueron 14 y durante el presente año van seis casos únicamente de denuncias sobre desaparición de personas, en la que presuntamente están involucrados policías federales, estatales y municipales. En tanto, en la fiscalía del estado han sido documentados —de enero de 2013 a 2016— 87 casos de personas desaparecidas que podrían tipificarse como desaparición forzada.

En junio de 2014, el Congreso del estado creó el delito de desaparición forzada, que castiga hasta con 30 años de prisión a aquel agente del estado que prive de la libertad a una persona o que ayude a algún grupo a hacerlo.

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