Aprueban creación de la fiscalía del estado

Avalan legisladores vender helicóptero del Ejecutivo; no es útil para servicio público, indican

Estados 17/12/2017 01:28 Irma Mejía / Corresponsal Zacatecas. Actualizada 02:16
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Por unanimidad, antes de que concluyera el primer periodo ordinario de sesiones, el Congreso local aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas que permitirá en 2018 la desaparición de la figura jurídica de la Procuraduría estatal para dar autonomía al Ministerio Público.

En  Zacatecas no hubo pase automático del actual procurador a ocupar el puesto del primer fiscal, por lo que se espera que al reiniciar las actividades ordinarias legislativas se integren las listas de los posibles aspirantes y la Legislatura designe al nuevo titular.

En su turno, la diputada Lorena Oropeza, quien promovió una de las iniciativas junto con la otra presentada por el Ejecutivo estatal, dijo que contará con 4 fiscalías especializadas: Atención de Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción, de Derechos Humanos y de Delitos Contra las Mujeres por Razones de Género.

También destacó que la nueva Fiscalía General de Justicia, aparte de la autonomía técnica, jurídica, normativa, administrativa y presupuestaria, forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Además,  se crearán dos vicefiscalías: una será para la investigación, litigación y justicia alternativa para atender investigar, litigar y perseguir aquellos delitos que no sean competencia de las fiscalías especializadas; otra será la de apoyo procesal que permitirá la coordinación y  actuación de la Policía de Investigación y la Dirección de Servicios Periciales.

Venta de aeronave. Dentro de los 50 puntos del orden del día que los diputados locales desarrollaron la noche del viernes y madrugada del sábado se presentó la iniciativa de decreto que autoriza al Ejecutivo estatal a poner a la venta el helicóptero tipo Eurocopter-EC-135 T1.

En el dictamen se considera que la aeronave “a la fecha no es útil para destinarse al servicio público” y se busca “evitar que se conserve ocioso o improductivo dicho bien, ya que distraería recursos públicos que podrían utilizarse en la debida atención de las necesidades colectivas de interés general”.

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