En caliente

La duda crece y algo de argumento la fundamenta. El cambio de política contra el crimen organizado, tan defendido por el gobierno actual, podría estar relacionado con la vieja consigna porfirista: “Mátenlos en caliente”.

De todos los episodios donde se acusa de ejecuciones extrajudiciales, el único en el que hay un proceso penal abierto contra autoridades es el de la masacre de Tlatlaya, donde 22 presuntos delincuentes podrían haber sido asesinados por efectivos del Ejército mexicano.

Sin embargo, flota en el ambiente la posibilidad de que también hayan sido ejecuciones extrajudiciales las ocurridas este año en Apatzingán (6 de enero), Villa Purificación (1 de mayo) y Ecuandureo (22 de mayo).

En la más grave de las especulaciones se suma también el expediente de Iguala (26 de septiembre de 2014), donde desaparecieron 43 normalistas.

Las explicaciones de la autoridad federal no han sido suficientemente contundentes para despejar la hipótesis.

Se suele descalificar a la voz que señala al Estado por estar desapareciendo o ejecutando presuntos delincuentes, para evitarse presentarlos ante un proceso judicial cuyos resultados serían inciertos.

Pero las autoridades no han sido capaces de ofrecer versiones coherentes de los hechos que permitan eliminar la sospecha.

En cada uno de los casos —incluida la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa— las explicaciones son tan deficientes que terminan despertando dudas muy grandes, en México y también entre los observadores extranjeros.

Por lo general se desestima la crítica con uno de dos argumentos: el primero afirma que los delincuentes no tendrían por qué merecer misericordia de la autoridad y por ende tampoco un proceso judicial conforme a derecho.

Este razonamiento supone que la justicia en México es deficiente y que entonces se justifica “matar en caliente” a quienes se supongan delincuentes.

El segundo argumento dice que apegarse al debido proceso es sinónimo de complicidad con los criminales.

Se presupone entonces que defensores de derechos humanos, periodistas o cualquier otro sujeto que exhiba abuso de poder, denuncie desapariciones o ejecuciones es en realidad un encubridor del crimen organizado.

Son los mismos que prefieren ver a un inocente tras las rejas, siempre y cuando no se escapen los verdaderos delincuentes.

Son los que toleran el homicidio deliberado, cometido por un servidor público, que escondió su rostro tras la máscara del Estado.

Los abogados de la consigna “mátenlos en caliente” —tanto los que cobran en la nómina gubernamental como sus corifeos— creen que con el paso de los años la historia les seguirá protegiendo.

Pero son ingenuos cuando creen que la impunidad de hoy será la misma en el futuro. Su cálculo está errado: México y el mundo ya no son aquellos del lejano siglo XX.

En el presente toda violación grave cometida por el Estado termina siendo descubierta.

Responderán por su actuación los mandos que instruyeron ejecutar o desaparecer, y lo mismo quienes —más abajo en la jerarquía— recibieron y cumplieron con las órdenes de sus superiores.

Esta es la moraleja que puede recuperarse en el cono sur latinoamericano, en las naciones africanas o en las antiguas repúblicas socialistas.

Hay un día en que la careta del Estado estalla en pedazos y los individuos responsables del “mátenlos en caliente” terminan siendo juzgados.

ZOOM: Es imposible ocultar en el tiempo las ejecuciones extrajudiciales, sobre todo aquellas cometidas contra un número grande de personas. Si en nuestro país se están cometiendo delitos de lesa humanidad, apuesto porque antes de que termine esta década los responsables terminarán pagando.

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