Rumores, protestas y AMLO

Raúl Rodríguez Cortés

En el radar del gobierno no hay más que de dos sopas: o se aplacan las protestas contra el gasolinazo por la vía del olvido y la resignación popular, o se reprimen si acaban por salirse de control.

Para el olvido y la resignación le apuestan al paliativo Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que, sin la firma de los patrones, prácticamente nació muerto.

Para la represión de la genuina protesta social, el Congreso aprobará en febrero la Ley de Seguridad Interior que dota a las Fuerzas Armadas de reglas para que desempeñe tareas de seguridad pública y al gobierno de mecanismos para decretar el estado de excepción y contener desórdenes que asuma como levantiscos.

Con criterios tan obtusos, el gobierno comete errores que, ya ocurridos en el pasado reciente, no debería repetir.

Vayamos por partes: una cosa es la protesta (incluidos los bloqueos carreteros) y otra los saqueos, la rapiña. En ambos casos hubo expresiones espontáneas producto del enojo. En los dos hubo, asimismo, inducciones promovidas por intereses políticos contrarios al gobierno, pero también por el gobierno mismo para dañar a adversarios y justificar la mano dura.

El hoy canciller Luis Videgaray respondió airado en una entrevista televisiva que pensar eso era una tontería. Que lo crea así puede entenderse porque, desde su soberbia, todos somos unos tontos, sin que incluya, supongo, al Presidente. Pero no, señor Videgaray, no es una tontería: el rumor y la provocación con fines desestabilizadores, inculpador de adversarios “peligrosos” y justificador de actos de fuerza, está incluido en el “librito” con el que un gobierno opera desde sus cañerías, aquí y en China.

El reportero Juan Veledíaz, del blog estadomayor.mx, recuerda que desde hace más de 40 años existen evidencias muy bien documentadas del uso del rumor como herramienta de propaganda para la desestabilización social, y que la mayoría de las veces ha sido el gobierno quien lo utiliza para, “además de generar temor, lanzar y justificar operativos policiacos”. El rumor, abunda, era parte del espionaje político que ejercían las hoy desaparecidas División de Investigaciones Políticas y Sociales y la Dirección Federal de Seguridad de la Segob, como seguramente hoy lo hacen el Cisen y la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal.

A la División Científica de esta última se le atribuyó un documento distribuido anónimamente en las redes sociales, con un análisis criminológico de las protestas y saqueos por el gasolinazo que enumera los estados donde más se cometieron “conductas antisociales y delictivas”, y señala como sus principales promotores a través de sus cuentas en internet a seis personas, entre ellas dos de Morena: el senador Mario Delgado y el líder de ese partido Andrés Manuel López Obrador.

Para su publicación, EL UNIVERSAL confirmó la autenticidad del documento, pero ahora resulta que la Comisión Nacional de Seguridad no lo reconoce e informa que investiga quién lo elaboró y cómo se distribuyó. Esto viene a mostrar cómo se mueven las aguas desde los sótanos del poder.

Es obvio que opositores como AMLO convocaron a protestar contra la medida, lo que no quiere decir que llamaran a la violencia y el saqueo, lo que el referido documento no se ocupa en diferenciar. El resultado: victimizar a López Obrador y apuntalar así sus aspiraciones políticas, un error similar al cometido en 2004 con su desafuero.

 

INSTANTÁNEAS. 1. MEDIDAS POR EL GASOLINAZO. El aumento en los combustibles también pegó severamente a los estados, pues su anuncio fue posterior a la elaboración de los presupuestos destinados para sus gastos de gasolina. En la Ciudad de México, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera dio a conocer medidas que le permitirán reducir ese gasto en 80 millones de pesos. Entre ellas están: sacar de circulación mil 500 vehículos, incluyendo los que están al servicio del jefe de Gobierno; otros mi 500 serán convertidos de gasolina a gas natural, con un ahorro de 40% por litro; reducir en 20% el suministro de gasolina a los vehículos asignados a funcionarios del gobierno para la realización de sus funciones; convertir 25 de sus calderas de gas LP y diésel a gas natural; e instalar más paneles solares en las dependencias capitalinas, que se sumarán a los 565 ya existentes. Cabe señalar que la operación de las unidades de los servicios de emergencia, seguridad y procuración de justicia, queda garantizada.

2. TWITTAZOS. A punta de twittazos, Donald Trump ha provocado ya, aún antes de tomar posesión de la Presidencia de EU, daños severos a la economía mexicana. La caída del peso frente al dólar es hasta ahora la prueba más evidente. El punto es que sus provocaciones y amenazas han golpeado a uno de sus principales motores: la industria automotriz. Ese sector representa el tres por ciento del PIB nacional, pues en los últimos diez años las empresas automotrices han aprovechado la mano de obra barata y los tratados de libre comercio que México tiene con 43 países, para construir plantas y aumentar presencia. Nuestro país es el séptimo productor mundial de autos y el cuarto mayor exportador, sólo por detrás de Alemania, Japón y Corea del Sur. Pero Trump y sus twitts se han dedicado a ahuyentar esas inversiones.

 

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