Linchamientos y suicidio político

León García Soler

Volvió la no tan santa Inquisición y en lugar de la revuelta de los de abajo llegó la revolución de los ricos. La confusión del acuerdo de voluntades inscrito en el Código Civil, con una institución sacrosanta a la que el dogma reserva el nombre de matrimonio, es poco más que nada. Es el resonar de la marcha de los cangrejos en los versos satíricos y formidables de Guillermo Prieto. Pero el arrinconar a funcionarios timoratos para destruir al Estado laico y exigir la sumisión de los partidos de la pluralidad para preservar los privilegios fiscales de quienes más ganan, es convocar a la anarquía, a generalizar la violencia armada que ha sembrado de muertos al país.

No confundir los reclamos de justicia, sean de libertad religiosa o libertinajes del capital, con la multiplicación de los linchamientos que los mexicanos del tercer milenio hemos visto una y otra vez en los medios electrónicos y en las plazas de pueblos y ciudades, sin que lleguen siquiera ante un juez los crímenes colectivos del “pueblo que hace justicia por su propia mano”. Dar a cada quien lo que le corresponde, decían los juristas de la antigüedad romana. Hundir a la mayoría en la pobreza y el hambre, dicen en voz baja los dueños de la mayoría de la riqueza concentrada en el capital que se multiplica como se expande el Universo mismo.

Da grima ver que se unan el lumpen, la clerigalla y los oligarcas de nuevo cuño en el afán demoledor del Estado; y acabar con la intolerable impunidad con una torcida emulación de Fuenteovejuna. Lo de la iniciativa de elevar a rango constitucional los matrimonios de parejas del mismo sexo, así como los derechos sucedáneos del contrato ante el Registro Civil, está en manos de los diputados de la Unión que estrenó la pluralidad de partidos, hizo efectiva la soberanía de los estados de la federación, así como la separación de Poderes. Llegó la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo a San Lázaro y ahí la enterraron en la tumba del olvido los representantes populares, paralizados, aterrorizados por el primer grito de obispos, sacerdotes y sacristanes. Allá ellos.

La marcha en dos carriles y en sentidos opuestos nada importaría si no fuera por el miedo de los que dicen que hacen política, de los que enarbolaron la transición y se empeñaron en la constante sucesión de reformas electorales, de espaldas a la urgencia de cambiar el régimen y el sistema político que se ha devorado a sí mismo, ha negado el valor de las ideologías y del proceso histórico que nos hizo nación soberana y Estado moderno con derechos sociales añadidos a los del individuo. Y luego en plena caída, los derechos humanos que, libres de regulación, son pretexto para impedir que la justicia dé a cada quien lo suyo. Más allá de la impunidad constante y perpetua, como debiera ser la voluntad de justicia.

Entre el sonido y la furia de la estulticia, de vez en cuando se escucha la voz de la razón. O al menos de las buenas intenciones. Cuauhtémoc Cárdenas, desde el olvido de los que se sirvieron del cardenismo para sobrevivir a la ruptura y embarcarse en la transición, habla para recuperar el rumbo del cambio, emprender la reforma del régimen y dejar de dar vueltas a la noria. No lo dijo el hijo del Tata, pero también para dejar atrás las ridículas simulaciones como la propuesta de eliminar la escalinata central del Congreso en San Lázaro, dizque por haber sido signo de sumisión para el paso mayestático del Presidente cada primero de septiembre.

Ahí sigue la demolición intelectual, con Porfirio Muñoz Ledo ahora en función constituyente de una Constitución para la CDMX. Pero los diputados del PRD, de las izquierdas dispersas y confusas, se indignaron por el espectáculo del encuentro del presidente Peña Nieto con un grupo de jóvenes: buenas intenciones para empedrado de conciliábulo aldeano para consumo del ágora electrónica. Y decidieron dar un giro de 180º con una iniciativa para que el Presidente de la República tenga que acudir ante el pleno del Congreso de la Unión y ahí informar al pueblo a través de sus representantes. Tantas vueltas y revueltas, dice el refrán, ¿son o fueron de alguna utilidad? Salvo, desde luego, la de la dicha de imaginarse en asamblea revolucionaria, montañeses y jacobinos de mentiritas, dispuestos a bajar del trono a la majestad del autoritarismo fatalmente sexenal.

En fin. Las marchas en sentido opuesto no opacaron del todo los bloqueos de maestros de la Coordinadora, de normalistas y campesinos empeñados en luchas que cambian de signo y conductores, pero hoy se multiplican ante la ausencia de gobierno o las acciones de “represión pasiva” a cargo de uniformados que reciben insultos y pedradas, para cambiar súbitamente el escudo por armas de fuego y volver a la fiesta de las balas.

¡Silencio! Ha llegado la hora de llevar a juicio a gobernadores indiciados de enriquecimiento inocultable y endeudamientos capaces de hacer creíble el remedio de los recortes, verdaderas amputaciones en educación y salud, en el presupuesto que el defenestrado Luis Videgaray heredó a su compañero de banca, José Antonio Meade: presupuesto elaborado ante “señales de alerta”, dijo a los diputados el nuevamente secretario de Hacienda. Valga la previsión, pero no si ha de impedir la posibilidad de restaurar la soberanía y la rectoría económica del Estado mexicano, laico y democrático con derechos individuales y sociales.

En fin. El gobierno en jaque de Enrique Peña Nieto parece a punto de sobrellevar el primer tramo del duro camino rumbo a los años de 2017 y 2018. Y resistir la increíble transmutación del PRI, en el que Enrique Ochoa decide ser líder de oposición y solicitar juicio político para los gobernadores Javier Duarte, de Veracruz, César Duarte, de Chihuahua, Roberto Borge, de Quintana Roo y al ex de Nuevo León. Todos merecen estar en la picota. Pero cuando un despistado exige indiciar a Guillermo Padrés, el panista de Sonora que construyó una presa en su hacienda y se enriqueció más que los caciques ebrios de poder y bacanora, de inmediato le recuerdan al despistado Enrique Ochoa que no es de su rebaño. Ya no es prisión San Juan de Ulúa. Ni modo.

Queda la esperanza a los del PRI de un nuevo, inesperado acierto de Peña Nieto a la hora de ungir candidato tricolor en el Estado de México. Ahí quedó Eruviel Ávila como muestra del valor de hacer a un lado a los validos de palacio y dar paso a quien pueda ganar las elecciones. Ahí señalan los militantes a Carlos Hiriarte, presidente del PRI en la entidad, diputado federal y lo fue local, además de presidente municipal de Huixquilucan; secretario de Desarrollo y de Seguridad, así como subsecretario general de Gobierno con Luis Miranda como titular.

Hay señales de alerta. Y no son las despistadas demandas de que renuncie Peña Nieto; y a aprender a nadar o ahogarse cuando venga el diluvio.

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