No es común que el secretario de la Defensa dé entrevistas. Por eso es interesante leer con lupa la que le acaba de dar a mi compañero Carlos Benavides en EL UNIVERSAL. Se publica justo en el día en el que se conmemoran los 4 años de entrada en vigor de la histórica reforma de 2011 en derechos humanos, y a un día del primer aniversario de la muerte de civiles en Tlatlaya, Estado de México.

Saco en conclusión que los militares en México no están a gusto; es preocupante.

Aunque el general Salvador Cienfuegos deja clara la obediencia al Presidente, también hace señalamientos qué atender:

1) Les “urge” (sic) que los cuerpos policiacos sean mejores para que puedan regresar a sus cuarteles;

2) El reconocimiento de que no hay una legislación (Artículo 89) que les permita, sin asomo de duda, estar en las calles y pide hacer una Ley de Seguridad Interior y una Ley de Defensa Nacional;

3) Reconoce su molestia con respecto a expedientes de derechos humanos. Dice que ha salido “caro” en su prestigio a combatir a lo que él llama “riesgos” a la seguridad nacional.

Quiero hacer énfasis en los temas de derechos humanos. Aunque el general asegura estar plenamente consciente de su importancia y destaca la enorme capacitación que han tenido en el tema, así como la reducción de las recomendaciones de la CNDH al respecto (sólo cuatro, tres de ellas ya resueltas) hay cosas para llamar la atención.

Primero, cuando Carlos Benavides repregunta sobre si es injusto que el Ejército ejerza papel de policías. El general Cienfuegos dice:

— Me parece que a lo mejor no se quiere que las Fuerzas Armadas vayan más allá de lo que ya hacen. Sin embargo, yo soy de la opinión que si vamos a utilizar las Fuerzas Armadas las utilicemos para poner orden, no para ver si ponemos orden.

Pregunta sincera: ¿para el general qué será “poner orden”?

Segundo, hay otra parte en la que el secretario asegura que eliminar el fuero militar —una petición reiterada de organismos de derechos humanos— fue un error:

“Yo pienso que sí (fue un error), porque están poniendo al Ejército en situaciones muy sensibles, vulnerables, delicadas, en las que nuestro personal ahora piensa si lo procesan por desobediencia, por no obedecer al secretario, o lo procesan por violar derechos humanos.

“Creo que al soldado le conviene que lo procesen por desobediencia, pero al país no le va a convenir. ¿A quién le conviene que un Ejército no obedezca? ¿A quién le conviene un Ejército que no tiene disciplina?”.

Fuertes declaraciones. Debería no haber contradicción. ¿Por qué daría un mando una decisión contraria a derechos humanos y abra la posibilidad de que un soldado decida? ¿Qué es lo que pasa aquí en el fondo?

Deseo que Enrique Peña Nieto haya estado aún anestesiado o al menos somnoliento cuando atendió la llamada de Joaquín López Dóriga la semana pasada después de su operación:

— Yo no estoy ni inválido, ni discapacitado. No tengo ninguna discapacidad. Estoy al frente de esta actividad. Estoy en un proceso de convalecencia normal, regular, de una operación que entiendo, te repito, es algo frecuente. Pero estoy muy al tanto, siguiendo lo que está ocurriendo en México y en otras partes.

¡Epa! ¿Qué le pasó con el lenguaje inclusivo? Las personas con discapacidad (además el término correcto), que yo sepa, no faltan a trabajar a menos de que estén enfermos y se destacan por ser buenos trabajadores. Hay, además buenos ejemplos de políticos con discapacidad en el mundo. ¿Qué quiso decir EPN?

Estrepitosamente se cayó el evento de conmemoración de los 4 años de la histórica reforma en derechos humanos, ayer en la SCJN. No fueron las tres “estrellas”: el secretario de Gobernación, el ómbudsman nacional y el ministro presidente de la Corte. ¡Cuánto desaire! Parece que reyes matan el interés en derechos humanos en el país.

Quienes se reunirán hoy con la Reina de España, en una audiencia privada en Los Pinos, es nada menos que la OMER, Organización Mexicana de Enfermedades Raras. Por estos días hacen su III Encuentro Iberoamericano en Guadalajara y el año pasado Letizia los acompañó en el que se hizo en España.

Le pedirán a la Reina apoyo para convocar a una gran alianza internacional en el que participen gobiernos, sociedad civil y sector público para una mejor atención a estos pacientes.

Ojalá invite a Angélica Rivera. A ver si también decide hacer algo en el tema. Ya ve que el Consejo que ella preside del DIF pasó de tener una reunión cada tres meses a sólo una anual de manera reciente...

Ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que colabora en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, presentó un informe sobre el estado de la investigación:

En torno a la reunión con los integrantes del Batallón 27 del Ejército, en Iguala, Guerrero, aún no hay una respuesta oficial por parte de la Secretaria de Gobernación, les han dicho que están analizando la petición. Ayer lo decía Francisco Coix, "mientras más tiempo transcurre respecto de cualquier fuente de información, eso hace más complejo y le quita valor o hace que la fuente de información vaya perdiendo información y el retraso en esa entrega limita las posibilidades de línea de búsqueda...la respuesta que nosotros tenemos, oficial, es que todavía no hay respuesta".

Gobernación les presentó un borrador del informe sobre los derechos de las víctimas de Ayotzinapa, el cual están revisando. Y están al pendiente sobre la ley de desaparición forzada en nuestro país.

Esperan fecha para una reunión de familiares de los normalistas desaparecidos con la procuradora Arely Gómez, quien ya accedió a este encuentro. Antes sólo se habían entrevistado con funcionarios de la SEIDO.

Sobre el militar en activo que ahora se sabe que estaba dentro del grupo de desaparecidos, el GIEI detalló que ellos han pedido mayor información y confirmación de esas versiones a las autoridades militares y estatales. Ya se entrevistaron con la familia del joven.

Sobre los 6 autobuses: 2 de ellos fueron en los que los normalistas se trasladaron a tomar otras unidades. Otro autobús tomaron los estudiantes en Casa del Cura o Cruce de Huitzuco y se trasladaron a la terminal de Iguala a donde dejaron a los viajeros; otros 2 autobuses que usaron los estudiantes para ir por sus compañeros que estaban varados. De esa terminal salieron 2 autobuses en un primer momento, y después otros 3 camiones. Cada uno de ellos tuvo diferentes rutas. Lo malo de todo esto, es de que de acuerdo con los expertos, los autobuses que podrían servir de pruebas, y que por ejemplo tendían impactos de bala, han sido ya reparados.

¿Qué ha pasado con la petición de otras fotografías satelitales? No se han hecho las peticiones formales directas a quienes las puedan tener a nivel nacional o internacional. Siguen gestionándolas vía la PGR.

Hay un nuevo escenario: la calle Juan N Álvarez, donde se dio un primer ataque por parte de la policía municipal.

Entre los 10 escenarios que mencionaron en su primer informe está la Central de Autobuses de Iguala, la comandancia de la policía, el Palacio de Justicia, casetas de peaje cercanas, el basurero de Cocula y una casa de seguridad en las inmediaciones de esta localidad.

Se han realizado entrevistas con la mayoría de los implicados, entre ellos José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, ex alcalde de Iguala y su esposa. Con ellos se reunieron a finales de mayo. Sobre algunos de los implicados han presentado ante la PGR las observaciones por "maltrato o de otros comportamientos" ( posibles casos de tortura) para realizar las indagatorias correspondientes.

¿Cómo van los resultados forenses realizados en la Universidad de Innsbruck, en Austria? La PGR les informó que no hay nuevos resultados. Lo más delicado es que de acuerdo con el GIEI, solicitaron información sobre un posible segundo envío de pruebas. Pero les indicaron que "no había claridad sobre ese segundo envío, debido a la calidad en la que se encontraban esos restos".

Sobre las heridas registradas en el cuerpo de Julio César Mondragón, fallecido el día del operativo, en el sentido de que pudieron haber sido provocadas por fauna local, el GIEI detalló que, sí hay heridas postmortem, que necesitan un análisis; pero que de acuerdo con la necropsia, tuvo lesiones premortem, las cuales fueron ocasionadas por tortura. Presentó fractura craneal, hematoma retroperitoneal (detrás del abdomen) lesiones en el pulmón, hematomas internos, entre otros.

En el caso de Aldo Gutiérrez, el estudiante que está en coma desde el pasado 26 de septiembre, informaron que ya se le hizo una segunda valoración por un experto nacional, a fin de conocer qué necesidades tendrá para ser sometido a un tratamiento prolongado.

Aun no conocen el informe que presentaría la Fiscalía de Guerrero sobre la desaparición de los 43 normalistas.

En la Cámara de Diputados ya suenan las golondrinas para la actual legislatura. No crea que se van tristes, sino todo lo contrario.

Cada uno de los 500 legisladores recibirá cerca de 2 millones de pesos. Sí, leyó bien, 2 millones de pesos entre su dieta (salario, pues), fondo de ahorro y su parte proporcional de aguinaldo. En total, nos costará -sí, porque lo pagamos de nuestros impuestos-943 millones de pesos.

Lo interesante radica en que montos como el destinado a atención ciudadana (115 mil pesos) y asistencia legislativa (183 mil pesos) no deben comprobase.

katia.katinka@gmail.com
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