Un fiscal a modo

Alfonso Zárate

Es facultad del Presidente nombrar y remover a sus colaboradores, pero es su deber observar el interés superior del país

Joder al país es proceder con esta designación a modo en un puesto por 9 años, jugando a que los
delitos prescriban y queden
impunes […].
México Unido contra la
Delincuencia. 27 de octubre, 2016.

La designación de Raúl Cervantes Andrade como titular de la PGR es un mal augurio en términos democráticos y atenta contra la independencia que le es exigible a quien encabezará un órgano con enormes atribuciones, pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción. Lejos de buscar una figura que tuviera el consenso de los sectores más conscientes de la sociedad —lo que habría legitimado su propuesta—, el presidente Enrique Peña Nieto optó por tener un fiscal a modo.

Más allá de sus credenciales como abogado hábil y capaz, no son buenas noticias su cercanía al Presidente, ni su militancia partidista.

No lo es su cercanía al Presidente porque esta administración ha estado marcada por la sospecha sobre conflicto de intereses. Correspondería al nuevo procurador y más tarde al fiscal general, investigar y perseguir a los prevaricadores, pero los compromisos con el poder del recién llegado podrían anticipar que lejos de procurar justicia protega a quienes lo pusieron allí.

Tampoco lo acredita para esta responsabilidad su militancia partidista y, menos aún, la defensa jurídica que realizó de asuntos tan espinosos como el de las tarjetas Monex o el cambio en la convocatoria para la elección del candidato presidencial para favorecer a Enrique Peña. No menos lustroso es que Raúl Cervantes fue coordinador de asuntos jurídicos del PRI en los días de Roberto Madrazo y también con Humberto Moreira y Pedro Joaquín Coldwell.

De la mayor importancia son las acusaciones sobre los ultrajes cometidos a su entonces esposa, porque la violencia contra las mujeres, intolerable de por sí, lo es más en quien tiene la responsabilidad de procurar justicia.

Con esta designación, el Presidente replica el censurable intento de Javier Duarte y Roberto Borge de nombrar fiscales “tapaderas”, lo que se frustró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta designación sólo puede leerse como un intento de ubicar en esa posición clave a quien le garantice a Peña y a sus cercanos la protección necesaria cuando hayan dejado su gobierno: un fiscal que sólo procederá contra chivos expiatorios o que se cebará contra personajes como Javier Duarte, quien ya perdió la protección de Los Pinos. Un procurador que, ante una significativa presión social, emprendería investigaciones light que se extenderían en el tiempo y no llevarían a ninguna parte.

Es facultad constitucional del Presidente nombrar y remover “libremente” a sus colaboradores, pero es su deber observar el interés superior del país, sobre todo, en una materia tan delicada como la procuración de justicia y la lucha contra la corrupción.

Raúl Cervantes es el tercer procurador general de la República en apenas algo más de tres años; la rotación adelantada de sus mandos daña a las instituciones: con el nuevo procurador llegarán subprocuradores y fiscales en ramos clave que deberán experimentar la curva de lento aprendizaje.

No menos lamentable es la manera en que el Senado aprobó (fast track) la propuesta presidencial, pues exhibe una obsecuencia lastimosa: renunció a cumplir el papel que la Constitución le asigna como contrapeso del otro Poder; no hubo siquiera una exploración simulada de la trayectoria del nuevo procurador: 82 votos a favor y sólo tres en contra. Una de las claves de la descomposición que se observa en Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y otras entidades, reside, precisamente, en la sumisión de los otros Poderes al Ejecutivo.

Una primera consecuencia mayor de todo esto es que el Sistema Nacional Anticorrupción nace con una pata coja.

Presidente de Grupo Consultor
Interdisciplinario. @alfonsozarate

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