El común denominador, que habla de cancelar derechos adquiridos a contrapelo del mandato constitucional, integró el puño en alto de jubilados, derechohabientes activos y trabajadores del sector salud en lo general.

La escalada de rumores habla desde el cobro de consultas hasta la cancelación de servicios, en un escenario que lindaría con el estallido social.

El calor lo alimenta, por ejemplo, el que el Instituto está construyendo cuatro hospitales bajo el esquema de asociaciones público-privadas, conocidas como APS, es decir bajo un esquema en que el capital privado pone el financiamiento.

Lo cierto es que el IMSS fue el último en llegar a la cita, integrado desde hace un año el esquema para construir centros del sector salud y entidades federativas en lo particular.

De acuerdo a lo pactado, el organismo pone el terreno y la pauta, la firma privada construye con sus recursos, y se abre un plazo de 30 años para el pago, tiempo en el cual se mantiene la relación para tareas de mantenimiento.

El hospital, una vez cubierto el plazo de amortización, o si lo prefiere la hipoteca, pasa a ser parte de los activos del organismo.

La posibilidad permite en el escenario actual de precariedad financiera levantar infraestructura sin canalizar de golpe la inversión.

En la misma ruta el Seguro Social está renovando su flota de ambulancias bajo la figura de arrendamiento financiero, es decir se paga una cuota mensual con derecho de que el mantenimiento corra a cargo del arrendador, incluida la posibilidad de cambiar una unidad mientras se le da servicio.

La alternativa provoca una carambola de tres bandas: la renovación de equipos que tienen 10 o más vueltas en el velocímetro; el desmantelamiento de la posibilidad de corrupción a nivel interno, y la mejora de un servicio que se había vuelto patético, viajes de hasta siete pacientes impedidos a consulta.

El ruido había subido de volumen también vía un experimento fallido del organismo: inscribir a 16 mil pacientes diabéticos, en un horizonte de tres millones, para recibir terapias precautorias en instancias privadas.

El Instituto pagaría una cuota mensual a cambio de que los enfermos libren un escenario de tratamiento costoso por complicaciones renales, hepáticas o problemas de hipertensión.

Los pacientes serían sometidos a rutinas de ejercicio, incluida la posibilidad de bailes, además de vigilancia permanente en sus niveles de azúcar y confección de sus dietas.

El experimento lo frustró el run run de la privatización, por más que hace 10 años se subrogó el servicio de hemodiálisis.

En la ruta de estirar la liga, el IMSS está por suprimir un requisito conocido como testimonio de sobrevivencia, que le exige a los jubilados o beneficiarios una presencia física cada seis meses… por más que a veces se tenía que dar en camilla, en silla de ruedas o andadera.

Y los enfermos crónicos reciben recetas para canje múltiple, lo que evita consultas sólo para surtirse.

Las gambetas del IMSS.

Balance General. Aunque nunca afirmó el columnista que se tratara de un obstáculo o que lo descalificara, el sindicato que surgió en disidencia del de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que encabeza Carlos Romero Deschamps, dice que no tener aún la “toma de nota” por parte de la Secretaría del Trabajo no lo inhabilita para ampararse contra el nuevo contrato colectivo de Petróleos Mexicanos en ciernes.

De acuerdo a su dirigente, Miguel Ángel Machorro, éste se creó bajo el marco de la reforma energética.

El malestar del órgano de representación laboral se centra en el sigilo con que se ha negociado el nuevo marco que a su juicio no sólo podría vulnerar sino transgredir sus derechos.

No nos oponemos, dice, a que se ajuste la estructura, siempre y cuando se realice de la punta de la pirámide para abajo, es decir desde el director general hasta el nivel 33 de los funcionarios “mal señalados como de confianza”.

El sigilo, dice, genera sospecha de trampas.

Cemex la libra. Finalmente la Comisión Europea antitrust cerró la investigación abierta contra Cementos Mexicanos por presuntas prácticas anticompetitivas en Austria, Bélgica, Republica Checa, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, España y el Reino Unido… sin novedad en el frente.

No hubo, pues, sanción alguna.

La indagación apuntaba a algunas filiales de la compañía con sede central en Monterrey, en la presunción de haber alcanzado niveles de dominancia en los mercados.

El organismo señala que las sospechas no fueron confirmadas.

NYCE fedatario. Quien acaba de obtener una certificación por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación para certificar a su vez la protección de datos personales por parte de las empresas es NYCE, instancia encabezada por Carlos Pérez.

Ésta será la responsable de garantizar la secrecía vía diversas medidas de seguridad administrativa, física y técnica en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Una de las primeras que evalúa la certificadora es la Telefónica México que encabeza Francisco Gil Díaz.

Tributo confiscatorio. Aunque el ruido no alcanza aún un gran número de decibeles, existe malestar entre los usuarios de camiones foráneos de pasajeros, algunos solo de un pueblo a otro, por la imposición del Impuesto al Valor Agregado en las tarifas.

El cobro surgió con la reforma fiscal sin que haya surgido una sola voz disidente en el Congreso.

El costo creció 16%, con la novedad de que en la mayoría de los casos no hay comprobantes del pago.

CIE crece. Durante el segundo trimestre del año la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) logró un crecimiento de 18% en sus ventas, para llegar a mil 800 millones. El año pasado el monto había sido de mil 533.

A nivel semestral el crecimiento es de 14%.

La utilidad neta de la firma entre marzo y junio fue de 64 millones, frente a los 200 mil pesos del periodo pasado.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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