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En los próximos días presenciaremos la unión de voces en el mundo, a través de la Campaña denominada ÚNETE para poner fin a la violencia de género, impulsada por la Asamblea General de la ONU. Esta campaña involucra una serie de acciones que iniciaron el 25 de noviembre y concluyen el 10 de diciembre. Ambas fechas son emblemáticas en la lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
La violencia contra las mujeres tiene muchas caras, pero la misma raíz de la discriminación: considerar que las diferencias biológicas entre mujeres y hombres implican y justifican la desigualdad en otros planos de la vida social.
En el contexto de los derechos políticos ganados por las mujeres mexicanas a fuerza de muchas batallas dentro y fuera de las instituciones, recientemente integrantes de la academia, organismos internacionales de derechos humanos, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por la violencia política contra mujeres candidatas en las elecciones de 2015, se han manifestado en diversos foros públicos para ampliar el debate.
De acuerdo con las opiniones documentadas de quienes han participado en estos foros, el Congreso de la Unión, partidos políticos, autoridades electorales, universidades, incluso los medios de comunicación, son espacios en donde se requiere analizar el papel que a cada quien le corresponde, a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
Como bien lo establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como Belem Do Pará, se entiende por ésta, cualquier acción o conducta basada en su género, tanto en el ámbito público como en el privado, que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.
Tanto esta Convención, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reconocen que la violencia hacia las mujeres atenta contra sus derechos a la igualdad y la no discriminación, lo cual impide su libre desarrollo.
Por lo anterior, es obligación del Estado mexicano adoptar todas las medidas necesarias para suprimir esa discriminación, en particular protegerlas contra cualquier tipo de violencia en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social.
Esto implica superar y modificar los patrones socioculturales que disculpan las relaciones desiguales entre ambos géneros, que reproducen visiones estereotipadas de las mujeres y su papel en los espacios públicos, como señala la CEDAW. En este sentido, es preocupante para el avance de nuestra sociedad que dichas visiones minimicen su papel, quiten credibilidad a sus visiones y experiencias y, mucho más grave, que justifiquen la violencia y el abuso de poder hacia las que participan en política.
Hoy vemos que el principio de paridad permitió el acceso de más mujeres en el quehacer legislativo de la Cámara de Diputados. Su visión va acompañada de sus experiencias, vivencias e intereses de género, para abordar los problemas sociales y diseñar políticas públicas igualitarias que favorezcan la calidad de vida de las mujeres, niñas y familias en general.
Esta violencia política conculca su derecho a ser constructoras de las decisiones públicas. Las cifras muestran que el problema puede agravarse si las autoridades electorales no damos los pasos necesarios para prevenirlos y combatirlos. En 2015 se presentaron 40 casos de violencia política ante la FEPADE, desde psicológica hasta física (mientras que en 2012 sólo se denunciaron dos).
Diversas investigaciones, concluyen que la participación política de las mujeres en sus comunidades, municipios u organizadas en los partidos, son mecanismos que favorecen el ejercicio real de sus derechos humanos. No obstante, en esos espacios es donde la violencia y el abuso de poder son más recurrentes pues soportan estas agresiones los prejuicios y estereotipos que las ubican en condiciones de subordinación e inferioridad.
Hasta ahora, tenemos un conjunto de derechos que ha potenciado su representación y un avance importante en conceptualizar la perspectiva de género para la impartición de justicia. Sin duda, es el mejor cimiento para diseñar un marco normativo garante de la dignidad y la vida de las que participan en política. Acorde con lo anterior, desde el Senado, se han alzado voces de senadoras para proponer iniciativas de ley que tipifiquen a la violencia política como un delito.
Para avanzar aún más, se necesitan acciones conjuntas de todas las instancias públicas, organizaciones de la sociedad civil, y de quienes conformamos las autoridades electorales nacionales y locales para denunciar, prevenir, combatir y sancionar la violencia política de género.
Consejera del INE
