México es un país frontera. Frontera entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo; entre el mundo anglo y el mundo latino; entre el capitalismo exacerbado y el socialismo de Estado. Pero también es un eje por el que transitan y se mueven millones y billones de personas y mercancías, traspasando nuestras fronteras de norte a sur y de sur a norte: el incesante movimiento por México de mano de obra documentada e indocumentada, drogas, armas y capitales de dudosa procedencia en busca de santuarios, son fenómenos que involucran a mexicanos y extranjeros y que nos convierten en el eje del huracán.

Hace unos días se celebró en Nueva York la Asamblea Extraordinaria de Naciones Unidas en torno a la Estrategia Integral y Equilibrada para contrarrestar el problema Mundial de las Drogas, iniciativa de México, Colombia y Guatemala. El presidente de México estuvo presente y su decálogo reflejó claramente nuestro estatus en el centro del huracán.

Sus primeras cuatro propuestas aluden directamente a nuestra geopolítica. La delincuencia organizada es un fenómeno global que requiere respuestas y compromisos globales. Pero de particular importancia en este contexto resulta para México el ámbito regional, al ser nuestro país lugar de paso de drogas, migrantes indocumentados y otros delitos vinculado con el crimen organizado. Estados Unidos es el principal foco de atracción de mano de obra extranjera, de drogas y donde se mueve un alto porcentaje del capital y el comercio mundial. Para avanzar en el combate al crimen organizado la cooperación regional, efectiva y robusta, es un imperativo. El esquema involucra también necesariamente a Centroamérica y El Caribe.

De especial interés son las referencias del presidente Peña en Nueva York a las drogas como problema de salud y a los efectos asociados que su comercio y consumo han significado para la sociedad mexicana, en particular para jóvenes, niños y mujeres. Las drogas pueden ubicarse como centro del problema, pero sus dinámicas y efectos tienen un amplio alcance en el ámbito de la salud física, mental y social de los mexicanos. Y ciertamente la alusión a los derechos humanos en esta problemática no es un tema menor. Un enfoque sabido pero novedoso desde la perspectiva del Estado mexicano.

Y no menos importante resulta la mención a la descriminalización del consumo de las drogas, no sólo por su potencial uso medicinal y terapéutico, sino por lo que ello implica para el sistema penal mexicano, cuya reforma se encuentra en curso. Decenas de miles de jóvenes, hombres y mujeres se encuentran detenidos por delitos menores y un gran porcentaje de ellos lo están por temas de drogas. La nueva ley permitirá depurar delitos y darles un tratamiento diferenciado, no necesariamente dentro de los penales. Esto representa un avance histórico.

Pero quizá el mensaje más relevante, subyacente a este decálogo, sea el corolario de política pública: el combate a las drogas, en todas sus aristas, implica tareas de prevención y no solamente de persecución del delito. La persecución resuelve problemas de corto plazo. La prevención trabaja para el mediano y largo plazo.

Y la prevención no es solamente una tarea de gobierno. Para ser robusta y efectiva implica la participación ciudadana, desde las comunidades hasta los organismos empresariales, las organizaciones sociales y las instituciones académicas. La violencia y los efectos múltiples de la producción, consumo y tráfico de drogas nos afectan a todos y en México son un problema para todos.

La política exterior sólo contribuye al interés nacional cuando nos sirve para apoyar políticas internas. Los buenos resultados sólo se obtienen cuando existe coherencia y armonía entre la política exterior y la política interna. Sobre todo cuando la geopolítica nos convierte en el eje del huracán.

Especialista en temas de seguridad y política exterior.

lherrera@coppan.com

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