Esta recomendación de Richard Tait encabeza su capítulo de The Sage Handbook of Political Communication. Este profesor de periodismo de la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, miembro de la junta de gobierno de la BBC de Londres y algo parecido a su defensor de audiencias, analiza aquí el escándalo internacional de las escuchas ilegales de los teléfonos británicos, protagonizado por directivos y operadores del conglomerado de la comunicación de Rupert Murdoch, con sus graves implicaciones para la política y la prensa de aquel país.

Pero ésta es una recomendación que ha sido sistemática e históricamente desoída por las instituciones mexicanas, que han encontrado en la prevención y la gestión de sus crisis una de sus mayores debilidades, dentro de sus indudables avances en la elaboración de estrategias de comunicación y marketing políticos.

Aquí las crisis suelen aturdir, paralizar o acelerar a los responsables de gestionarlas. E incluso éstos suelen caer también en la tentación más costosa: la de negarlas, la de no atender la gestación de situaciones críticas o no asumirlas como tales una vez que nos han caído encima, con la consecuencia de no actuar con la celeridad que se requiere, como en espera de que pase el mal rato. Para sólo hablar de las últimas tres décadas, allí están los costosos zigzags informativos ante el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio; el manejo del error de diciembre de 1994 que aplastó las expectativas generadas por las modernizaciones de la época; la primera y la segunda fuga de El Chapo Guzmán, o las masacres de adolescentes y adultos ante las cuales el presidente Calderón solía, en automático, incriminar a las víctimas.

Mezcla tóxica. Este panorama se ha complicado con un abrumador activismo mediático de grupos que, con las más diversas motivaciones, le toman la delantera comunicativa a las instituciones públicas ante todo hecho grave, como el muy grave de los homicidios de la colonia Narvarte. Pero la complicación mayor está en la mezcla tóxica de este activismo —a veces con motivaciones opositoras o antisistema, o con otro tipo de incentivos, como los de algunas ONGs— con la impreparación o la irresponsabilidad de nuestros medios, que dan como verdad absoluta lo que se apresure a decir el primer vocero de estas organizaciones. Y a ello hay que agregar la disposición de los medios internacionales a dar por bueno todo horror apocalíptico con vocación de ser presentado como manufactura mexicana de exportación.

Así, con excelentes reflejos, ese activismo mediático ya puso en la agenda nacional y global el lamentable sacrificio de un reportero gráfico —en la confusa carnicería de Luz Savignon— como inequívoco acto de represión contra la prensa. O el asesinato de las cuatro mujeres que acompañaron al periodista en esa larga, macabra jornada fatal, como un eslabón más de la cadena de feminicidios marca nacional.

Crisis desperdiciadas. El giro que han tomado las investigaciones apunta a otras direcciones ante las cuales, de concretarse, no habrá activista local ni internacional que ofrezca una disculpa. Lo que probablemente vendrá será un nuevo señalamiento, ahora de adulteración de las pesquisas con la perversa intención de desviarlas de los precipitados giros que medran en nuestras conversaciones.

Quizás ha llegado el momento de no desperdiciar esta nueva crisis, o de rescatar la acumulación de crisis desperdiciadas para pensar en algo parecido a la salida británica ante el escándalo Murdoch: la encomienda, por ejemplo, a un ministro de la Corte, de realizar una investigación y la elaboración de un informe (a la manera de la Leveson Inquiry y el Leveson Report) en busca de compromisos que refrenen el activismo mediático nocivo o, en los términos de Lord Justice Leveson, “los abusos editoriales, sin erosionar la libertad de prensa”, para avanzar, como concluye Richard Tait, en la “tarea mayor de restaurar la confianza pública en los periodistas y los políticos”.

Director general del Fondo de Cultura Económica

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