Depuración en los partidos

Desde que en diciembre de 2006 inició la llamada “guerra contra el crimen organizado”, cada proceso electoral en el país ha estado bajo la lupa de la sospecha ante la infiltración de los delincuentes en las campañas. El más grave de esos casos fue el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, estado donde precisamente se volverán a realizar elecciones el próximo 5 de junio.

La tarde de ayer, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, anunció la expulsión del partido de tres candidatos a alcaldías en el estado de Tamaulipas, por presuntos nexos con el crimen organizado.

Es la primera ocasión que un partido retira a candidatos a puestos de elección popular por esta causa. Por ello este hecho no es menor y tiene eco en una ciudadanía cansada de las corruptelas de la clase política y que de manera creciente ha venido exigiendo transparencia a los partidos. Sin embargo, otras medidas han sido tomadas por los partidos en el pasado que sirven en lo inmediato, pero que al final no derivan en mecanismos para garantizar la probidad futura de los aspirantes a cargos de elección.

La desaparición y asesinato de estudiantes en Iguala en 2014 hizo que el PRD tomará medidas para que nunca más un José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala y presuntamente involucrado con el crimen organizado en la entidad, tomara posesión en nombre del partido de izquierda. Antes de las elecciones estatales de 2015, el PRD en Guerrero entregó a la PGR las listas de sus 81 candidatos a presidencias municipales para que revisara si no tenían vínculos con la delincuencia organizada. Se tomaron acciones concretas, pero luego de esa medida el partido no implementó un sistema de transparencia que permitiera a los propios ciudadanos distinguir entre los honestos y los sospechosos de no serlo.

Por su parte, en el PAN, luego de la creación de una Comisión Anticorrupción al interior del partido, misma que hasta el momento no ha arrojado resultados que deriven en un cambio de política electoral, nada más se ha hecho. Es verdad que de manera conjunta PAN y PRD solicitaron en febrero pasado a la PGR revisar los perfiles de todos sus candidatos, para detectar casos de militantes con ligas con la delincuencia. ¿Es suficiente?

Ambos partidos en el Congreso impulsaron la iniciativa 3de3, consistente en forzar a los funcionarios a presentar declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Si esa era su convicción ¿por qué no condicionar el apoyo a sus candidatos en este 2016 a la previa presentación de informes de transparencia de éstos? La pregunta está descartada para el PRI, desde luego, porque la principal resistencia a la iniciativa provino de ese partido.

Anunciar la desincorporación de candidatos sospechosos de pertenecer al crimen es una decisión correcta. ¿Dará pie a que el PRI o el resto de los partidos admitan abrir al escrutinio público sus procesos de selección de candidatos? Eso es lo que hace falta.