El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se encuentra tambaleante, como nunca antes, a causa de la profunda crisis política, social, económica, financiera, energética, alimentaria y de insumos —con la más alta inflación y la más alta escasez del planeta— a la que ha orillado a esta nación dicho gobierno, heredero de la revolución bolivariana de Hugo Chávez, y que con su creciente radicalización y las constantes violaciones a los derechos humanos de sus habitantes ha propiciado que en el país latinoamericano impere un estado de emergencia en prácticamente todos los ámbitos.

Aunque aún no puede hablarse de caos generalizado entre la población, Venezuela —poseedor de las mayores reservas mundiales de petróleo, pero también de tres de las 10 ciudades más violentas del mundo, incluida la primera, Caracas— parece marchar hacia un quiebre del que tendría que renacer con un nuevo pacto nacional. Esto a horas de que en Brasil fuese suspendido el mandato izquierdista de la presidenta Dilma Rousseff, hecho que, pese a tratarse de dos casos diametralmente distintos, ha encendido las alertas entre las filas chavistas.

La crisis venezolana, la peor en su historia según el opositor Henrique Capriles, sucede además en un contexto en el que el gobierno de Maduro parece contar con menos aliados en la región. A la larga cadena de reclamos al régimen chavista por parte del propio pueblo venezolano se agrega, desde la comunidad internacional, señalamientos por la mala situación de los derechos humanos en el país: presos políticos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, acoso e intimidación a opositores y a la prensa, ausencia de libertad de expresión y violencia de género, entre otros.

Ante lo cual Nicolás Maduro replica, subestimando el enojo social, que la revolución chavista sufre una “intensa arremetida política de una ultraderecha capitalista y pro-Washington” y una guerra económica con acaparamiento, especulación y usura.

La oposición, que en diciembre pasado derrotó al chavismo en unas elecciones parlamentarias históricas y en enero asumió el control de la Asamblea Nacional, exige al Consejo Nacional Electoral (dominado por el oficialismo) que cumpla los procesos legales y técnicos para convocar a los venezolanos a un referendo para decidir si se revoca o no el mandato de Maduro.

Con esto, luego de 17 años consecutivos de gobierno bolivariano, se hace inevitable preguntarse si el chavismo está agotado y es tiempo de una transición. La respuesta a esto corresponde por supuesto sólo al pueblo venezolano, pero en vista del estado de indefensión en el que éste se halla, se hace necesario que la comunidad internacional agote los recursos diplomáticos, más allá del puñado de gobiernos de la región y ex jefes de Estado que han criticado abiertamente a Maduro. Hoy Venezuela exige una solución constitucional que el gobierno está pretendiendo obstaculizar, así como ha obstruido la vía democrática. Eso es inadmisible.

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