Una vez más el gobierno estadounidense volvió a lanzar amenazas contra la inmigración indocumentada, y lo hizo en la frontera con México. En una visita a Nogales, Arizona, el fiscal general advirtió a los migrantes que están “en una nueva era, la era de Trump”, por lo que cruzar la frontera de forma ilegal será una ofensa muy grave y tendrá prioridad en su persecución judicial. Se trató de un discurso de mayor intensidad al que ha dominado en el nuevo gobierno.

En su mensaje, el funcionario toca un tema clave y poco contextualizado. Mencionó que pandillas transnacionales, los cárteles de la droga, coyotes y falsificadores buscan derrotar el sistema legal de inmigración. Esa es la realidad: ante el vacío legal, el sistema migratorio estadounidense está en poder de la ilegalidad. Los criminales son quienes lo controlan.

Washington ha dicho que acogerá a migrantes calificados y rechazará a aquellos menos calificados. El presidente estadounidense explicó a finales de febrero que se requiere un sistema migratorio que tenga como principio básico que quienes quieran entrar a territorio estadounidense sean capaces de “sostenerse financieramente”.

Lo que ha quedado relegado en el discurso es el enfoque que prevaleció, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se puso en marcha el programa bracero que tenía como objetivo suplir a la mano de obra estadounidense que se encontraba en el frente de batalla. Se trató de un programa oficial, ordenado y temporal para trasladar trabajadores mexicanos a Estados Unidos.

La finalización de éste, a mediados de la década de los 60, y la posterior aparición de cíclicas crisis en México, en los 80 y 90, alentaron la migración indocumentada.

La necesidad de mano de obra persistía y, a pesar de ello, los gobiernos mexicano y estadounidense se retiraron del tema para dejar a bandas criminales el paso de trabajadores; dicho cruce, sobra decirlo, se hace en condiciones infrahumanas y de amplio riesgo. Las cifras de indocumentados muertos en su intento de cruzar la frontera durante finales de la década de los 90 fueron las más elevadas.

El gobierno de Trump se ha cegado ante la realidad que impera, por ejemplo, en los campos de California, entidad productora de productos agrícolas, donde la mano de obra en los sembradíos es mayoritariamente mexicana, mucha de ella indocumentada. Hay temor entre los productores agrícolas por que un día en el futuro próximo, cuando se incrementen o se cumplan las amenazas, ya no llegue el trabajador mexicano.

En lugar de amenazar, la autoridad debe quitarse la venda y aceptar una realidad: es mano de obra extranjera —mexicana— la que se encuentra en los campos estadounidenses. Que el control migratorio regrese a manos oficiales debe ser la vía.

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