Una mejor democracia

México vive un momento de desencanto con su democracia. Desde que en el año 2000 se dio por primera vez una transición en el gobierno federal, la credibilidad en las instituciones ha ido a la baja, de acuerdo con todos los sondeos que miden la salud de nuestro incipiente sistema político plural. La razón es simple: para la gente el cambio de partidos políticos en puestos de elección popular no ha resultado en soluciones duraderas a problemas añejos.

En la capital del país ese desencanto ha sido también un problema. En el estudio estadístico ¿Cómo Vamos, Ciudad de México?, organizado anualmente por EL UNIVERSAL, la confianza en las principales instituciones —jefatura de Gobierno, jefaturas delegacionales y Asamblea Legislativa— se ha reducido a la mitad tan solo entre los años 2013 y 2015.

El proceso de reforma política de la Ciudad de México no ha cambiado esa percepción, a juzgar por el tamaño de la participación ciudadana en la conformación del Congreso Constituyente. Sin embargo, el documento que resulte de ese órgano de decisión sí puede dar una bocanada de oxígeno a la alicaída democracia local. Los instrumentos de democracia directa, por ejemplo, tan temidos por los partidos políticos a nivel nacional, serían un ejemplo rumbo a la restitución de la confianza.

La revocación de mandato estará incluida en la propuesta de Constitución de la Ciudad de México y contará con reglas claras para su aplicación, asegura a este periódico el consejero Jurídico y de Asuntos Legales de la Ciudad de México, Manuel Granados. Se aplicaría, dice, cuando haya transcurrido la mitad de la gestión pública y para quitar a un funcionario se requeriría de cuando menos la misma cantidad de votos que con la que el servidor público ganó el puesto en las urnas.

En caso de concretarse en el Congreso Constituyente el cambio, la Ciudad de México se ubicaría a la vanguardia de los instrumentos ciudadanos de democracia en el país.

Habrá que estar atentos a la “letra chiquita”, un problema que afectó a la más reciente reforma política nacional en 2012. En aquella ocasión se incluyó entre los nuevos mecanismos la consulta popular, por ejemplo; pero para convocarla se requiere del 2% de la lista nominal de electores, es decir, cerca de 1.6 millones de personas, un techo muy alto para ciudadanos sin la estructura ni los recursos de un partido político. Quedaron fuera, además, instrumentos importantes considerados en la propuesta original del Senado.

Votar no debe ser la única vía de participación de los ciudadanos. A casi 20 años de haberse garantizado la pluralidad política en México, es hora de dar un paso más allá. Es hora de que la capital ofrezca un modelo al resto del país.