Gastos sin control

En el uso de recursos públicos está visto que se requiere algo más que transparencia: buen uso de ellos, que no se incurra en un gasto sin control, además de que se ejerzan con responsabilidad y sensibilidad social. En los últimos días este diario ha dado cuenta de ejemplos en los cuales el erario es utilizado de manera discrecional o con derroche.

Uno de los casos corresponde al Instituto Nacional Electoral. Primero anunció que construirá una nueva sede de mil 100 millones de pesos, después se conoció la decisión de destinar 935 millones de pesos para un contrato multianual de arrendamiento de mil 096 automóviles —en lugar de comprarlos, lo que representaría un ahorro de alrededor de 50%—, luego se dio a conocer que cada consejero cuenta con 500 mil pesos mensuales para contratar asesores. Ahora se publica que paga salarios de hasta 110 mil pesos sin necesidad de contar con un título universitario, pues bastan el bachillerato o estudios comerciales.

Consejeros han “explicado” que muchos de los privilegios que hay en el instituto no fueron instituidos por ellos, sino que provienen de administraciones anteriores. Un organismo como el INE, cuyos integrantes emanan de la ciudadanía y de círculos académicos, que tiene a su cargo una responsabilidad crucial para el país como la organización de los procesos electorales —que debe realizarse con la mayor imparcialidad y generar confianza plena de la ciudadanía— debería dar muestras de rechazo al dispendio y a los privilegios que la gran mayoría en este país no tiene. ¿Acaso no pueden corregirse?

Otra situación es la que prevalece en la delegación Coyoacán de la capital del país, la cual raya en el uso discrecional y electoral del dinero público. Ha resultado por lo menos curioso que en coyunturas electorales el delegado realice entrega de apoyos sociales, muchos de ellos sin haber sido aprobados por el Comité de Planeación del Desarrollo, instancia que debe garantizar su eficacia como sucede con otros programas.

El más reciente, que documentó ayer EL UNIVERSAL, es la compra de 11 mil 466 carriolas, para lo cual se destinarán 13.7 millones de pesos. Expertos cuestionan la falta de criterios para seleccionar a los beneficiarios o de estudios para justificar que sea el apoyo idóneo para los menores de dos años de edad que las recibirán; consideran que se trata de medidas que únicamente buscan el “posicionamiento político” del funcionario.

¿Habrá en el INE y en la delegación Coyoacán, y en todas las dependencias que manejan el dinero de los mexicanos, la capacidad para hacer un uso racional e inteligente del gasto, y no un abuso? Seguramente sí, todo es cuestión de querer.