Por una justicia efectiva

El país se encuentra a 30 días de culminar un proceso que inició hace ocho años y que representa el cambio más importante en impartición de justicia. A partir del 18 de junio entrará en vigor a nivel nacional el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que sustituirá al llamado sistema inquisitorio; un modelo al que se le ha apostado todo para lograr uno de los pendientes más urgentes de la nación: una justicia accesible para todos y expedita.

La implementación se ha hecho de manera gradual en algunos estados desde hace algunos meses, y ya hay resultados a la vista. De acuerdo con María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la aplicación del nuevo sistema ha evitado algo impensable hasta hace algunos años: que 15 mil personas en un año pisaran la cárcel, unas porque resultaron inocentes y otras porque cometieron delitos que no se consideran graves. En la actualidad gran espacio de los centros penitenciarios es ocupado por personas que se encuentran a la espera de recibir sentencia.

Los acuerdos conciliatorios, parte del nuevo esquema, abren de inicio una oportunidad en dos vías: que las cárceles no lleguen a niveles de hacinamiento y que las personas que cometen un delito no grave por primera vez asuman su responsabilidad y reparen el daño sin que se afecte su entorno familiar.

El modelo, sin embargo, aún tiene debilidades y trabajo por hacer. Los retos están identificados, lo cual representa una ventaja para encararlos: la escasa preparación de los policías que llegan primero a la escena del delito, el fortalecimiento de la policía de investigación en todas las procuradurías y fiscalías estatales y la creación de sistemas de análisis que permitan elegir mejor a las personas que son candidatas a una pena alterna para evitar la prisión preventiva.

Durante décadas la queja principal del sistema de justicia imperante en el país es que no ha servido para abatir la impunidad ni alcanzar una efectiva y convincente aplicación de la justicia. Estamos a unos días de que comience a operar el sistema acusatorio en las 32 entidades y aún hay tres (Guerrero, Baja California Sur y Sonora) en “posición crítica” para iniciarlo.

El mayor reto de esta transformación está en que los ciudadanos registren un cambio verdadero. Si en unos meses la población no percibe ninguna modificación, de nada habrá servido y será necesario una revisión a fondo para enmendar lo que se esté realizando mal. La tarea merece el mayor esfuerzo de los primeros involucrados (policías, juzgadores) y de una constante evaluación externa para no echar por la borda el esfuerzo preparado a lo largo de ocho años.