El fondo del conflicto en el IPN

Editorial EL UNIVERSAL

En 2014, luego de días de intensa protesta del alumnado del Instituto Politécnico Nacional, reformas que en ese entonces habían sido aprobadas sin el consenso de la comunidad fueron revertidas; renunció la directora que las promovió y se consolidó una mesa de diálogo con el formato, la sede y el esquema de difusión demandado por los inconformes. Fueron, además, acciones rápidas.

Pasaron varias semanas antes de que se reanudaran las clases porque, como suele pasar en estos casos, el desbordamiento de los ánimos es una pradera seca a la que los argumentos legales no importan. Por fortuna, un manejo político posterior por parte del gobierno federal permitió evitar llegar al punto en que la intervención de la fuerza pública es el callejón sin salida.

La solución no fue definitiva porque detrás del encono estudiantil siempre hay un componente de racionalidad y otro de deseo de rebelión no condenable, pues en el pasado ha traído frutos democratizadores. El problema es que el regreso de la protesta politécnica ahora sí podría desbordarse si no se maneja con tanto o más cuidado que en la ocasión anterior. Actores interesados en sumarse a la causa, por intereses propios, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), añaden un ingrediente de radicalización que hace más urgente una solución pronta.

Hace algunas semanas el director del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, dijo: “No identifico una causa clara” del paro. Era comprensible en ese tiempo en la medida de que el detonante de la protesta fue un acto inocuo: el anuncio de que a partir de abril, el Politécnico ya no estaría adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, sino a la oficina del titular.

Esta vez las autoridades ya no pueden darse el lujo de tener dudas sobre la ruta a seguir.

Ayer Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, advirtió que, ante todo, se aplicará la ley, en respuesta al amago de paro convocado por la CNTE. La contundencia de la declaración hace suponer que el gobierno federal confía en la debilidad de los grupos que amagan a la estabilidad educativa del país.

Los precedentes inmediatos, en particular en Oaxaca (donde también hubo amenaza de desestabilización), hacen pensar que el secretario de Educación tiene los elementos para saber que la aplicación de la norma está respaldada por una mayoría de la comunidad politécnica que rechaza la ruta de los paristas. Ojalá así sea.

No obstante, si la protesta politécnica volvió tras su supuesta resolución, quizá las causas de la inconformidad inicial todavía no han sido atajadas con la profundidad debida.

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