En muchas ciudades del país el Ejército mexicano ha llegado para cumplir con tareas de seguridad que las policías locales han sido incapaces de realizar. La salida de los cuarteles no es lo ideal, pero ante la infiltración del crimen organizado en estados y municipios, el recurso ha sido inevitable. Llevamos casi diez años bajo esas condiciones y no aparece en el panorama la posibilidad de un México que descarte la posibilidad de militares en las calles pues, como lo acaba de demostrar Cuernavaca, los problemas siguen apareciendo.

Desde la incursión militar a diversas localidades en 2006, las quejas por presuntos abusos de soldados se incrementaron exponencialmente. Cundió el reclamo de que era imposible compaginar la presencia castrense en las calles con la sana convivencia de los militares con la ciudadanía. Esa es una noción a la cual la Secretaría de la Defensa Nacional parece no resignarse.

Por primera vez en su historia, el Ejército y Fuerza Aérea han elaborado un código de conducta en el que se da a conocer a las víctimas y al personal militar qué hacer ante casos de hostigamiento y acoso sexual por parte de integrantes del Ejército. Mediante este mecanismo las o los afectados podrán emitir alertas de prevención o quejas por actos cometidos que llegarán a un Comité especializado en el tema, bien por vía electrónica, mediante números telefónicos específicamente designados para dicha tarea o en persona.

Los más recios críticos de los militares en su labor de seguridad pública dirán que son “llamados a misa”; que lo efectivo son los juicios penales contra quienes hayan cometido atropellos. Sin menospreciar la importancia que tiene la implementación de procedimientos civiles contra soldados y mandos —la derogación del fuero militar es un hecho— la prevención ha probado su eficacia en resultados.

En 2012 se recibieron mil 450 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de la Defensa, pero para el siguiente año el número se redujo casi a la mitad: 836; en 2014 sumaron 570 quejas y en 2015 hubo 538. Además, en los últimos tres años se emitieron seis recomendaciones por parte de la Comisión, es decir, 88.3% menor que en el mismo periodo del sexenio anterior.

El mejoramiento de la conducta militar en su trato con la ciudadanía no implica que la autoridad civil deba conformarse y renunciar a desarrollar policías profesionales. El empleo de las Fuerzas Armadas sigue siendo el último recurso de un Estado y, por lo tanto, habría que recurrir a él sólo en emergencias. Mientras tanto, hace bien la Sedena en combatir actos que son deleznables dentro o fuera de los cuarteles.

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