En un sistema federal como el existente en México, las alcaldías no deberían ser el eslabón más débil de la estructura, más bien lo contrario. Es la autoridad municipal la que está directamente en contacto con los ciudadanos, más que ningún otro gobernante. En las zonas en México donde no puedan ejercer su función, por la amenaza del crimen organizado, el Estado en su conjunto pierde ojos y oídos, y no hay forma de sustituir éstos con enviados del exterior hacia dichas comunidades.

El asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota, es el más reciente en una larga lista de atentados contra presidentes municipales. El gran problema es que una vez cometidos los homicidios, se llega a saber muy poco sobre los motivos de las agresiones, menos aún acerca de los culpables.

¿Qué repercusión temerán los asesinos de futuros alcaldes si el crimen contra Gisela Mota —como otros antes de ella— queda pendiente de conclusión en alguna gaveta gubernamental? Por desgracia, pese a la atención que genera este caso, la experiencia suma al escepticismo. El recurso de las procuradurías en investigaciones como ésta suele ser siempre el mismo: atrapar por razones poco claras a supuestos miembros de un cártel que milagrosamente confiesan todos sus delitos.

Frente a un mal sistemático en varias regiones del país, el gobierno federal no puede ir siempre al rescate de cada municipio, éstos tendrían que tener las herramientas para funcionar solos. Pero son pocos los que llegan a tener la fuerza suficiente para enfrentarse a los delincuentes. San Pedro Garza García, por ejemplo, hace gala de un sistema de seguridad que ha demostrado eficacia. Se trata de excepciones derivadas de una disponibilidad de recursos con la que no cuenta la mayoría de las más de dos mil localidades del país.

El Mando Único a nivel estatal, cuya aprobación sigue pendiente en el Congreso, podría ser una respuesta a la debilidad de las instituciones municipales. Aunque hay dudas fundamentadas que impiden avanzar el esquema, es hasta ahora la única propuesta en torno a la cual existe cierto consenso entre los diferentes partidos políticos.

Está por cumplirse un año de las propuestas que en su momento hizo el presidente Enrique Peña Nieto para que hechos como el de Iguala (de infiltración criminal en los municipios) no se repitieran. Los asesinatos se acumulan y tanto gobernantes como partidos parecen creer que el tema no es urgente.

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