A los ojos de la opinión pública pudiera parecer que los más grandes obstáculos de la reforma educativa quedaron atrás. Derrotado el intento de boicot de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ¿qué resistencia habría por vencer? La realidad es que el gobierno federal no podría conformarse con esa victoria durante el presente sexenio; hacerlo así —y delegar a próximas administraciones la tarea de terminar la transformación— implicaría dejar la percepción de que el reto educativo nacional empezaba y concluía con la evaluación magisterial.

Ayer el secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció el Plan Escuela al Centro cuyo objetivo es quitar la carga burocrática a los planteles, otorgarles mayor autonomía y flexibilizar el Calendario Escolar para que éste se adapte a las necesidades de cada recinto de estudio, sin que ello implique recortar el número de horas de clases.

Es interesante que la medida se presenta sin el ánimo de confrontación que fuerzas políticas opositoras habrían esperado de la implementación de una reforma que ha afectado a tantos intereses. Sobre todo porque acciones similares en otros países, como Argentina, han implicado fuertes roces con el magisterio. La clave aquí será el aprovechamiento de los recursos existentes. Recordemos: en los diagnósticos de la SEP aparecen miles de plazas de profesor y de personal administrativo que en este momento no contribuyen a mejorar la calidad educativa.

El consenso necesario para esta transformación no se debe limitar al sindicato magisterial. Los gobiernos estatales y sus autoridades educativas juegan un papel en la aplicación de los recursos. Es por ello que cobra relevancia la presencia del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila —presidente en turno de la Conago—, durante la presentación del plan. De hecho, Ávila comprometió el apoyo de los gobernadores para impulsar la Reforma Educativa, lo cual implica que antes del anuncio dado ayer el resto de los gobiernos locales estuvieron en la mesa.

Queda claro: la reforma educativa va mucho más allá de la evaluación a los profesores y de la fuerza pública empleada para evitar el boicot de la disidencia. De ahí la importancia del mensaje de ayer.

El reto ahora es poner en movimiento a otras fuerzas que hasta el momento han tenido menos protagonismo en la transformación que se está dibujando: los padres de familia, los maestros que sí dan clase y los propios alumnos. Es decir, los actores que, a ras de suelo, de verdad serán los encargados de cambiar el estado de las cosas.

La reforma educativa apenas inicia.

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