¿Cómo creer en el caso Iguala?

El Estado nos pide a todos los ciudadanos no usar la violencia para resolver nuestras disputas porque sólo las instituciones de un gobierno son capaces de arbitrar objetivamente los conflictos entre particulares. En el caso de México, sin embargo, la falta de respeto a la ley y a las instituciones parte de una ausente credibilidad en éstas, que de manera paradójica las propias autoridades se esfuerzan en refrendar todos los días.

Cámaras de las que no se pudo extraer información, patrullas con números de identificación alterados para encubrir a sus tripulantes, un incendio cuya existencia ha sido técnicamente cuestionada, casquillos sembrados y huellas de tortura en testigos son parte de las razones por las que expertos independientes cuestionan la versión oficial de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. A lo largo de 2015 se derrumbó la certeza de que se sabía exactamente qué ocurrió con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no sólo por la intervención del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino porque las pifias del expediente fueron dadas a conocer al abrirse su contenido.

Normalmente las averiguaciones previas no son dadas a conocer. Se sabe a detalle sobre las pruebas contra una persona hasta que el juez ha emitido una sentencia, casi siempre dos o más años después de que el acusado fue detenido (a pesar de que nuestra Constitución dice que nadie es culpable hasta demostrarse lo contrario).

Si errores tan graves han sido cometidos en el caso más importante de este país cuando menos de la última década , cómo esperar muestras de profesionalismo de las procuradurías en los otros miles de procesos penales emprendidos contra personas cuyos nombres nunca conocemos.

Hay que reconocer: la sociedad tiene parte de la culpa porque exige ferozmente resultados lo antes posible sin detenerse a pensar en cuáles son las pruebas contra los inculpados. Basta que la fiscalía en cuestión salga a decir que “confesaron” para que la opinión pública crea la versión. ¿Qué fue diferente en el caso Iguala? La existencia de grupos políticos interesados en cuestionar las verdades oficiales. Un privilegio de defensa con el que cuentan muy pocas personas en México.

La lección tras este episodio es que debemos creer o cuestionar las versiones gubernamentales según el grado de profesionalismo de su trabajo, nada más, porque de esa manera hallarán justicia no sólo las víctimas de Ayotzinapa, también todas las demás.