No más intocables

¿Es exitoso el combate a la corrupción del gobierno federal? Tan sólo durante el primer semestre de 2015 el número total de sanciones aplicadas contra funcionarios por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) fue de 5 mil 053. Dentro de ese número, sin embargo, hay sólo rangos medios y bajos de la burocracia. La expresión alguna vez acuñada durante el sexenio foxista, la de que caerían los “peces gordos” de la corrupción, sigue sin ser válida tres lustros después.

Quienes defiendan la importancia de la cifra total de sancionados y desestimen la de altos funcionarios detenidos dirán, tal vez, que fotografiar tras las rejas a personajes conocidos de la política es una estrategia mediática, destinada a complacer a las masas, no necesariamente una acción efectiva en el largo plazo. Queda aun advertir: la ciudadanía será escéptica del combate a la corrupción si no se le dan muestras de que ningún poderoso está por encima de la ley.

En entrevista publicada hoy por este diario el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, dice que investiga a un centenar de altos funcionarios públicos, quienes pudieron haber incurrido en enriquecimiento ilícito. Cuando se den a conocer los nombres —y si los expedientes son sólidos— se tendrá una oportunidad de demostrar el compromiso con el combate a la corrupción. ¿Habrá ex secretarios de Estado o gobernadores en funciones, por ejemplo? ¿O por “altos” funcionarios se está englobando a meros directores de área?

Hay motivos para la duda considerando los antecedentes.

En abril pasado se publicó el decreto mediante el cual se obliga a los funcionarios públicos a hacer declaración patrimonial y de posible conflicto de interés. Tienen que informar a la SFP cuál fue el último vendedor de los inmuebles que poseen y si tienen acciones o han celebrado algún contrato que implique un beneficio económico o lucro (entre otros informes). Parecía una norma de avanzada hasta que se dio a conocer que la información sólo sería divulgada si los sujetos obligados querían.

Siguen pendientes las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue anunciado con bombo y platillo, pero que en los hechos no funcionará mientras se carezca de un marco normativo preciso.

No se trata, por supuesto, de realizar una “cacería de brujas” con tal de ganar popularidad entre la gente. Al final esos ejercicios terminan derrotados en tribunales. Más bien hace falta documentar muy bien casos emblemáticos con la esperanza no sólo de generar confianza social, sino de inhibir la comisión de otros actos de corrupción entre altos funcionarios.

Tiene tiempo la Secretaría de la Función Pública para demostrar que ahora sí va en serio.