Dinero para frivolidades

Editorial EL UNIVERSAL

El Senado de la República planea edificar una nueva torre el próximo año. La obra se sumaría a la sede que la Cámara Alta construyó hace cuatro años sobre Paseo de la Reforma y que costó más de 4 mil millones de pesos. Los legisladores tendrán muchos argumentos, seguramente, para justificar la supuesta necesidad de ampliación. Lo cierto es que sin importar los razonamientos que esgriman, para el grueso de la opinión pública —podrán verificarlo en sus encuestas— ésta será otra afrenta de la clase política hacia los ciudadanos.

El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, dice que no se tendrá que solicitar un solo peso adicional a la Secretaría de Hacienda para realizar el edificio, porque se cuenta con recursos previamente asignados para la nueva sede. Aun así, serán millones de pesos que, en caso de reembolsados al erario, podrían usarse para acciones de mayor beneficio al país.

El año en curso, por falta de presupuesto, no se han concluido todas las vías confinadas que permitirían a los ciclistas en la Ciudad de México usar con seguridad su transporte; por falta de dinero Pemex redujo en 2014 las inspecciones a gasolinerías para analizar la calidad de los combustibles que ofrecen; en este 2015, también por carencia de recursos, el Patronato de Bomberos de Nuevo León anunció que se vería obligado a cerrar una de sus estaciones de servicio, pese a ser una institución modelo en el país. Así como estas, hay millones de necesidades que afectan directamente a la población y las cuales no son cubiertas bajo el pretexto de que el Estado no cuenta con el presupuesto suficiente. ¿Puede el Senado decir que su nuevo edificio es prioridad por encima de los ejemplos antes citados? ¿Es más importante que la Cámara Alta tenga salas de usos múltiples, oficinas para el personal de administración y espacios para “atender a la gente”?

Cabe recordar: los senadores no sólo cuentan con una nueva sede desde hace cuatro años. Además tendrán también la restaurada antigua sede del Senado en la casona de Xicoténcatl. Decir que “necesitan” un edificio adicional suena a gula. Al menos tendrían que ocuparse primero en resolver el juicio con la empresa Gami, la cual reclama 380 millones de pesos por costos indirectos de la construcción del complejo en Reforma.

La pregunta que deberían hacerse los políticos con el poder de decidir sobre este proyecto no es si la gente lo avalará en algún momento, pues la respuesta es obvia; más bien tendrían que calcular la relación costo-beneficio para los integrantes de una Legislatura que, al concluir su gestión en 2018, tendrán por primera vez la oportunidad de reelegirse. Ningún spot les quitará la mancha de haber derrochado en frivolidades.

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