Depuración necesaria

Editorial EL UNIVERSAL

Para atender la demanda social de acabar con la corrupción en México, en todos los niveles de gobierno y en todas las instituciones públicas, una de las condiciones mínimas exigibles sería, lógicamente, la depuración total de las instancias de procuración y administración de justicia. Con esto comenzaría a romperse, apenas incipientemente, el círculo vicioso —del cuál todos formamos parte— del que se alimenta esta problemática social, que ha ocupado buena parte del debate público en el último año, sobre todo en el sentido de que es uno de los lastres principales para el desarrollo de nuestro país.

Encaminada, aparentemente, hacia este objetivo, la Procuraduría General de la República ha iniciado en meses recientes lo que voces de la propia dependencia han anunciado como un proceso de depuración de sus filas. Como resultado del mismo, más de 200 servidores públicos de la PGR fueron consignados por delitos como extorsión, cohecho, enriquecimiento ilícito, privación ilegal de la libertad, robo, hostigamiento sexual, uso de documentación falsa y por ir contra la administración de justicia, entre otros, durante los últimos ocho meses.

La Visitaduría General de la PGR —órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, ​de los agentes de la Policía Federal, de lo​​s oficiales ministeriales, de los peritos, y de los demás servidores públicos de la PGR— destacó que a partir de las investigaciones que ha realizado en el periodo de abril a noviembre del presente año, también se obtuvieron 112 órdenes de aprehensión en contra del personal por cometer actividades ilícitas. Además, dio a conocer la separación del servicio de 115 agentes del Ministerio Público, así como de 27 elementos de la Policía Federal.

Habrá que esperar en los meses por venir los resultados de estas acciones de la PGR. En 2009 hubo dentro de la institución una llamada “operación limpieza” que a la postre resultó un fiasco debido a la falta de evidencia sobre los servidores públicos acusados. Más allá de los reflectores que da la mera consignación de presuntos implicados, falta a las fiscalías del país mostrar su profesionalismo, con expedientes bien armados, basados en evidencia física y científica y no sólo en dichos y supuestas confesiones.

La investigación y persecución de los delitos cometidos por servidores públicos de la PGR son buen preámbulo para abatir y evitar a futuro actos de corrupción e impunidad en esta dependencia del gobierno federal, y podrían tener cierto impacto a nivel nacional, pero no serán suficientes para el beneficio de la sociedad en general —deseosa de justicia eficaz y transparente— si no se extrapolan, paralelamente, al conjunto de las instituciones públicas.

El actual gobierno afirma haber emprendido una lucha contra la corrupción, encarnada en el aún manco Sistema Nacional Anticorrupción; no obstante, haría falta depurar cada oficina de gobierno para a ver resultados tangibles.

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