Pasar droga vía maletas en aeropuertos es un delito que a primera vista palidece en gravedad respecto de otros problemas en México como los secuestros o los homicidios. Lo peligroso es la corrupción dentro de las aerolíneas y los sistemas aeroportuarios, una combinación que pone en riesgo la seguridad de todos los pasajeros.

Hoy en este diario se revela que la Procuraduría General de la República (PGR) realiza una investigación en coordinación con autoridades de Perú, Argentina, Colombia y Brasil para atacar los casos de tráfico de droga en el que se ha utilizado como transporte el equipaje de viajeros mexicanos.

En los últimos dos años, sólo por asuntos relacionados con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se tienen abiertas cuatro averiguaciones previas por injusticias similares a la padecida por el estudiante Óscar Álvaro Montes de Oca, quien fue detenido el 31 de julio pasado tras atribuírsele la pertenencia de una maleta con 20 kilos de cocaína. Pasó una semana recluido en una penitenciaría federal donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que la tortura no es atendida. El ejemplo más famoso antes que el de Óscar fue el de la maestra veracruzana Ángel de María Soto Zárate, acusada de pasar una maleta con 10 kilos de cocaína el 13 de julio de 2013, también en el mismo aeropuerto.

Ya se ha abordado en este y otros espacios editoriales el problema de la presunción de culpabilidad que acompaña a todo proceso penal en México. Las dos víctimas antes mencionadas demuestran la permanencia de esa abominación pese a los cambios constitucionales.

Sin embargo, existe otra falla estructural a atender. Si cuatro casos se han acumulado en los últimos dos años en una sola ciudad en un periodo relativamente corto de tiempo —sin mencionar que quizá muchos más no han sido detectados— es plausible suponer que estamos ante una red internacional que había operado con éxito hasta antes de ponerse en boga el tema.

Sobre todo porque un kilo de cocaína llega a costar hasta 300 mil pesos en el mercado clandestino. Nadie invertiría 6 millones de pesos en una operación con pocas garantías. ¿Y quién puede ofrecer esas garantías? Sólo hay cuatro opciones: las aerolíneas, el personal que trabaja en las terminales, la policía federal a cargo de la seguridad aeroportuaria o integrantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El gran peligro de la colusión descubierta es que, así como se pasa droga, podrían estar contenidas armas o explosivos en los compartimentos de otros aviones de pasajeros. Parar el paso de droga en maletas es importante, pero aun más urgente es, a partir de esta investigación, proteger a los usuarios.

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