Las acciones contra la CNTE no pararán en la reciente reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ofreció el viernes pasado, en entrevista con este diario, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet. Y así ha sido hasta ahora, una semana después. Sin embargo, será hasta que las revelaciones de delitos y malos manejos resulten en consecuencias para los infractores, que de verdad se convencerá a la ciudadanía de la convicción gubernamental.

Ayer se informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca inició una investigación en torno a 192 averiguaciones registradas ante la Fiscalía Especial para Asuntos Magisteriales (FEPAM), para determinar si existen irregularidades en los casos —denunciados por los propios maestros— de venta de plazas, pederastia, acoso sexual y hostigamiento e incluso un par de homicidios, durante el periodo de 25 años de existencia de la dependencia, tiempo en el cual la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tuvo el control.

Habrá que esperar los resultados de esta investigación. El solo hecho de que ésta se lleve a cabo es una señal positiva de que sí existe la intención de terminar de una vez con los espacios de impunidad acumulados en la CNTE.

El procurador de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, explica que se indaga si hay casos guardados a los cuales no se les dio seguimiento por tratarse de averiguaciones en contra de los propios maestros. La respuesta es obvia salvo que se confíe en la honorabilidad de un sector del magisterio que nunca mostró tener esa virtud. La situación de la educación en el estado, con más de tres meses sin clase en promedio cada año, prueba que cuando la CNTE estuvo en la disyuntiva de defender privilegios o educar adecuadamente a sus alumnos, la primera opción siempre fue la triunfadora.

Lo que los ciudadanos esperan ahora es pasar de los diagnósticos a los hechos. Es decir, que el gobierno de Oaxaca y el federal no caigan en la tentación de negociar de nuevo impunidad para la CNTE a cambio de una supuesta paz social que, en realidad, ya se vio, los disidentes no tienen la capacidad de trastocar.

No se trata de chivos expiatorios. Los indicios de irregularidades se acumulan en todos los ámbitos, desde el penal hasta el administrativo. Cabe recordar que la Auditoría Superior de las Federación detectó irregularidades en el manejo de las finanzas del IEEPO entre 2009 y 2013 y que representan un posible daño a la Hacienda Pública de tres mil 170 millones de pesos.

Si no se va a fondo contra la CNTE ahora, en el futuro podría resurgir con nuevos bríos, en demanda de fueros perdidos.

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